Una de las joyas naturales más protegidas de Salta, estalló en las últimas horas por un escándalo que combina naturaleza, poder y una presunta falsificación. El secretario de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable de la provincia, Alejandro José Aldazábal, presentó una denuncia penal contra Lucía Grajales Soriano por la presunta adulteración de su firma en un documento que habría servido como autorización para realizar un evento privado en plena reserva.
El hecho ocurrió en la Ruta Provincial 68, kilómetro 17, en el paraje La Punilla, a pocos kilómetros de Cafayate. Allí, según las primeras investigaciones, se montó una estructura de gran porte —carpa gigante, reflectores, equipos de sonido— para celebrar una boda. El problema no fue solo la magnitud del operativo en una zona protegida por la Ley Provincial 6806, sino que, según denunció el propio funcionario, la autorización que exhibieron los organizadores falsa.
"No autoricé nada, ese documento es falso", declaró Aldazábal en diálogo con el periodista Alejandro Tula. El funcionario fue tajante: "Actuaremos hasta las últimas consecuencias, es muy grave". La denuncia se formalizó el pasado 23 de marzo en la Fiscalía Penal de Cafayate y ya está en manos de la Justicia .
Permiso falso
El documento que habrían presentado los organizadores del evento llevaba la firma digital de Aldazábal. Sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente fueron categóricos: esa autorización no fue emitida por la autoridad ambiental competente . Además, según fuentes oficiales, la Secretaría ni siquiera cuenta con firma digital habilitada para ese tipo de trámites, lo que profundiza la sospecha de adulteración.
Para la provincia, el caso no es menor. No solo implica la presunta falsificación de instrumento público —un delito grave— sino que también expone un riesgo ambiental concreto. La realización de un evento masivo dentro de una reserva natural sin control oficial implica que nadie supervisó el impacto sobre un ecosistema frágil, donde abundan formaciones geológicas de millones de años y restos fósiles de valor incalculable.
"La zona alberga formaciones geológicas de millones de años y restos fósiles que pueden ser irreparablemente dañados por la aglomeración de personas, vehículos y ruidos", advirtieron fuentes cercanas al expediente.
Vecinos y testigos del evento relataron en redes sociales el despliegue que montaron los organizadores: "Estuve ese día y vi cómo ingresaron camiones. Colocaron una carpa gigante. Reflectores. No se puede destruir la naturaleza", escribió un usuario indignado. Otro comentó con ironía: "Esto es un chiste, ¿verdad? Burlaron a la policía, a los guardaparques. Seguro detrás hay un pez gordo y quedará en la nada".
"¿No puedo festejar en el fondo de mi casa?"
Del otro lado del mostrador, la voz de la organización salió a la luz a través de las redes sociales. Una mujer identificada como Lucía Grajales Soriano —la misma que figura en la denuncia— salió al cruce de las críticas y defendió la realización del evento.
"Ahora... yo pregunto. ¿No puedo festejar la boda de un familiar en el fondo de MI CASA? ", escribió en sus redes sociales, según reprodujeron medios cafayateños. La mujer aseguró que su familia es propietaria de un inmueble dentro de la Quebrada de las Conchas desde 1965, que pagan impuestos inmobiliarios rurales y que, según su versión, contaban con los permisos pertinentes.
El argumento, sin embargo, choca con la normativa ambiental. Las áreas protegidas tienen reglas específicas que regulan cualquier tipo de actividad masiva, sin importar la titularidad del suelo. La propia Ley Provincial de Medio Ambiente y el Sistema de Áreas Protegidas exigen evaluaciones de impacto ambiental previas y autorizaciones formales con respaldo técnico y jurídico . Una boda con carpa, reflectores, equipos de sonido y decenas de invitados no es, en los papeles, un simple "festejo familiar".
El Concejo en alerta
El escándalo llegó esta semana al Concejo Deliberante de Cafayate, que tiene previsto tratar el tema en la sesión de este jueves. La concejal Mamani salió en defensa de los organizadores al afirmar que el evento contaba con todos los permisos. Pero sus dichos generaron un rápido rechazo: la propia denuncia penal presentada por Aldazábal desmiente esa versión.
Otra concejal, Cecconi, pidió en cambio una investigación a fondo y que no se deje pasar por alto la gravedad del hecho. En las redes, las críticas no tardaron en llegar: "Hasta una concejal de Cafayate afirmó que ese evento era con permisos. Creo que esta concejal tiene que asesorarse mejor antes de afirmar algo que no es", escribió un vecino.
La Municipalidad de Cafayate, por su parte, también avanzó con una denuncia. La intendenta Rita Guevara confirmó que existieron consultas previas por parte de los organizadores, pero que no se habrían concretado los trámites formales exigidos. "Tengo la obligación de salvaguardar los espacios y el ambiente", afirmó la jefa comunal .
Fiestas clandestinas en Salta
El caso de La Punilla no es un hecho aislado en la provincia. En los últimos años, las fiestas sin autorización se multiplicaron en distintos puntos de Salta, muchas veces con consecuencias graves. El propio diputado provincial Guillermo Kripper impulsó hace meses una reforma al Código Contravencional para endurecer las penas contra los organizadores de eventos ilegales .
La nueva normativa, ya aprobada, establece multas de 30 a 80 días de arresto para quienes organicen fiestas sin habilitación, además de responsabilidad solidaria entre organizadores y propietarios del inmueble. Si hay cobro de entrada o fines de lucro, la pena se agrava en un tercio . El objetivo declarado por Kripper fue frenar los episodios de violencia, intoxicaciones y accidentes que se multiplicaron en los últimos tiempos.
En este caso, sin embargo, el delito que investiga la Justicia va más allá de una contravención: la falsificación de un instrumento público con la firma de un funcionario provincial eleva la causa a otro nivel.
Lo que viene
Mientras la Justicia avanza con la investigación, el Concejo Deliberante de Cafayate intentará poner paños fríos al escándalo en la sesión de hoy. Pero lo que quedó en evidencia es un problema de fondo: la fragilidad de los controles en una de las reservas naturales más emblemáticas de Salta.
Vecinos, ambientalistas y sectores políticos exigen que el caso no quede en la nada. La frase que circuló en redes sociales —"seguro detrás hay un pez gordo y quedará en la nada" — resume el temor de muchos: que el poder de los organizadores termine pesando más que la protección del patrimonio natural.
Por ahora, la denuncia está en marcha. Aldazábal prometió llegar "hasta las últimas consecuencias". Y la Justicia deberá determinar si hubo un simple "festejo familiar" o un acto de adulteración que violó la ley y puso en riesgo un ecosistema único.
