El reclamo histórico por la posesión de las tierras en el norte provincial vuelve a instalarse en el centro de la agenda pública salteña. Un grupo de mujeres pertenecientes a la comunidad originaria La Mora encabeza por estas horas un acampe de protesta frente a las puertas del Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), exigiendo la intervención urgente e indeclinable del Estado ante lo que denuncian como una ocupación ilegal y sistemática de sus territorios ancestrales.
Según el crudo relato de las voceras de la manifestación, durante los últimos meses se intensificó drásticamente el avance de nuevos alambrados sobre espacios que son de propiedad comunitaria. Este proceso de delimitación arbitraria es atribuido a terceros, a quienes identifican como "criollos", que operan en la zona sin ningún tipo de control o mediación gubernamental. La indignación de las manifestantes se cristaliza en la percepción de un trato desigual por parte de las autoridades judiciales y policiales, sumado a la alarmante falta de respuestas institucionales concretas frente a las reiteradas denuncias formales presentadas por la comunidad.
El protagonismo de las mujeres en esta extrema medida de fuerza le otorga una dimensión particular al conflicto. Son ellas quienes organizan la logística, sostienen la permanencia en el lugar y visibilizan una problemática que trasciende lo meramente geográfico para convertirse en una profunda lucha social. Desde la comunidad advierten con firmeza que el despojo de sus tierras no solo implica una pérdida física del espacio habitable, sino que representa una amenaza letal y directa contra sus formas de vida, sus prácticas de subsistencia y su propia identidad. En este sentido, sostienen que sin el territorio garantizado, el resto de los derechos consagrados en la legislación vigente se reducen a una simple declaración de intenciones que carece de impacto en la realidad cotidiana.
A través de la permanencia pacífica pero inquebrantable frente a la sede institucional del IPPIS, las referentes buscan forzar la apertura de una mesa de diálogo resolutiva que, hasta el momento, no se ha materializado. Mientras la tensión social crece en uno de los escenarios más conflictivos de la provincia, el urgente reclamo de La Mora vuelve a dejar en evidencia la profunda deuda estructural que mantiene el Estado respecto al reconocimiento efectivo de los territorios indígenas.
