En respuesta a las reiteradas alarmas encendidas por la comunidad local, la Secretaría de Minería de la Provincia desplegó un intenso operativo de fiscalización sobre el cauce del río Yacones, en la localidad de Vaqueros. Los vecinos de la zona habían manifestado mediante presentaciones formales su profunda preocupación por el visible impacto ambiental y la aparente falta de regulación en la extracción de materiales áridos. Durante el recorrido territorial, los equipos técnicos del organismo dependiente del Ministerio de Producción y Minería constataron la veracidad de los reclamos al detectar múltiples irregularidades vinculadas a la explotación no autorizada, lo que derivó en la apertura inmediata de los correspondientes sumarios y procedimientos administrativos contra los infractores.
Las inspecciones in situ confirmaron el movimiento de maquinaria pesada y la ejecución de prácticas extractivas al margen de la ley. Desde la cartera gubernamental advirtieron que este tipo de accionar descontrolado genera consecuencias sumamente perjudiciales para el ecosistema regional, provocando la alteración directa de la dinámica del curso de agua, la acelerada erosión de las márgenes del río y la degradación general del entorno natural. Ante la gravedad del escenario comprobado durante la inspección, los funcionarios provinciales ratificaron que los controles en el territorio se mantendrán de manera sostenida e ininterrumpida para frenar el daño ambiental y prevenir la comisión de nuevas infracciones en el municipio.
Para dimensionar el marco regulatorio vulnerado por estas prácticas, las autoridades recordaron que toda actividad extractiva debe someterse ineludiblemente a estrictos parámetros legales. El accionar detectado en Vaqueros infringe normativas fundamentales como el Código de Minería de la Nación, la Ley General del Ambiente a nivel federal y, en el plano local, la Ley Provincial de Protección del Medio Ambiente y el Código de Procedimientos Mineros.
Como autoridad exclusiva de aplicación, la Secretaría reafirmó su potestad indelegable para exigir permisos de extracción, auditar el cumplimiento de los requisitos ambientales y verificar la trazabilidad de todo el material transportado. Finalmente, desde el Gobierno destacaron que el objetivo de fondo de estas políticas de fiscalización no es únicamente sancionatorio, sino que se busca dar respuesta a las demandas sociales y promover un desarrollo extractivo ordenado, que resulte verdaderamente compatible con la preservación a largo plazo de los recursos naturales.
