El Gobierno nacional aplicará multas millonarias contra los sindicatos La Fraternidad y Unión Tranviarios Automotor (UTA) por haber incumplido la conciliación obligatoria durante el paro nacional convocado por la CGT el pasado 19 de febrero.
Según fuentes oficiales citadas por Infobae, el gremio de conductores de locomotoras deberá pagar $21 mil millones, mientras que el de choferes de colectivos afrontará una sanción de $70 mil millones. Hasta el momento, ambos sindicatos no habían recibido la notificación oficial y prefirieron no realizar comentarios.
La medida establece un precedente relevante en materia de sanciones laborales y podría escalar el enfrentamiento entre el Poder Ejecutivo y el sindicalismo. La CGT rechazó las multas y consideró la decisión del Gobierno un acto de “persecución política y sindical”. Además, señaló que la conflictividad social se reduce con trabajo y diálogo, no con sanciones.
La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) también se solidarizó con los gremios sancionados y destacó que las acciones del Estado constituyen un antecedente preocupante sobre derechos fundamentales de los trabajadores, incluyendo la organización sindical y el derecho a huelga.
La Secretaría de Trabajo, a cargo de Julio Cordero, inició los sumarios tras verificar que ambos sindicatos desacataron la conciliación obligatoria, conforme al artículo 4° del régimen general de sanciones por infracciones laborales, ratificado por la Ley N° 25.212. Las multas se graduarán según la fecha de la infracción y la cantidad de trabajadores involucrados. Además, la ley prevé la posibilidad de quitar la personería sindical en caso de reiteración de violaciones.
La Fraternidad, liderada por Omar Maturano, sostuvo que la conciliación obligatoria solo aplicaba a su conflicto salarial específico, mientras que UTA, bajo Roberto Fernández, indicó que la medida regía únicamente para choferes del interior y no para los trabajadores del AMBA.
Históricamente, sanciones similares se aplicaron durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el Sindicato de Camioneros recibió una multa de $809 millones por violar la conciliación obligatoria en 2018. El expediente fue declarado nulo en 2020 por la administración de Alberto Fernández, tras no poder comprobarse el número exacto de trabajadores afectados.
Con estas medidas, el Gobierno busca resguardar el interés general y garantizar el cumplimiento de la normativa laboral vigente, mientras los gremios sostienen su derecho a la huelga y el ejercicio de la libertad sindical.
