El femicidio de Natalia Cruz ha entrado en una etapa de definiciones judiciales, pero también de fuertes cuestionamientos al sistema de protección de víctimas. Los abogados querellantes, Federico Vanni y Sol Pastrana (del estudio Vanni & Asociados), confirmaron la imputación formal y detención de Daniel Orlando Serapio como presunto autor del crimen. Además, otras dos personas permanecen privadas de su libertad bajo la acusación de encubrimiento.
Más allá de los avances en la captura del sospechoso, la querella puso el foco en la "extrema gravedad institucional" que rodea el caso. Según detallaron los letrados, Natalia Cruz había denunciado a su agresor en cuatro oportunidades a lo largo de seis años.
A pesar de que existían prohibiciones de acercamiento vigentes, el imputado las vulneró de manera sistemática. "La reiteración de denuncias y de incumplimientos no puede transformarse en un antecedente más en un expediente: debe activar mecanismos reales de resguardo", sostuvieron desde la querella, subrayando que, en este caso, el Estado no garantizó una protección efectiva.
Un punto crítico de la causa será determinar qué ocurrió con la consigna policial fija que debía proteger a la víctima. Los abogados adelantaron que impulsarán una línea de investigación específica para esclarecer si existieron omisiones o responsabilidades funcionales que permitieron que el agresor llegara hasta Natalia.
"Reafirmamos nuestro compromiso con el esclarecimiento total y la determinación de todas las responsabilidades, tanto penales como funcionales", concluyeron los representantes de la familia en su búsqueda de justicia.
