La disputa por la presión tributaria sumó un nuevo capítulo con una decisión política de alto voltaje: el lanzamiento de un portal oficial que no solo exhibe tasas municipales, sino que habilita a los ciudadanos a denunciarlas. La iniciativa, impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, y presentada por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, formaliza una ofensiva que el Gobierno nacional viene desplegando desde la asunción de Javier Milei.
El sitio de “Transparencia Tributaria Municipal” permite consultar tasas, bases imponibles y alícuotas de municipios de todo el país, compararlos entre sí y, punto central, denunciar cobros considerados abusivos. El mensaje político es explícito: “Que nadie se quede con lo que es tuyo”. La herramienta convierte una discusión técnica (la proporcionalidad entre tasa y servicio) en un terreno de exposición pública.
La pelea no es nueva. A comienzos de 2025, Caputo había intimado a provincias e intendencias a revisar tasas que no guardaran relación con el costo del servicio prestado. Desde las gobernaciones respondieron que el grueso de la presión tributaria es nacional. En paralelo, la Casa Rosada recortó transferencias como el FONID y el Fondo Compensador del Interior, trasladando cargas a los distritos. La tensión fiscal quedó instalada como eje estructural del vínculo Nación–provincias–municipios.
Denuncia
El portal agrega un componente novedoso: la denuncia ciudadana. No se limita a transparentar datos; habilita una vía institucional para cuestionar tributos locales. En términos políticos, desplaza el conflicto desde la negociación intergubernamental hacia la relación directa entre contribuyente y municipio, con Nación como árbitro discursivo.
En Córdoba, la publicación de planillas comparativas ya había encendido alarmas en enero pasado. El ranking de alícuotas a entidades financieras ubicó a Bell Ville con 3% y a Río Tercero con 5,5%, bajo una misma etiqueta, pese a diferencias en bases imponibles y adicionales. El intendente radical Marcos Ferrer objetó errores y simplificaciones metodológicas, mientras que Guillermo de Rivas, de Río Cuarto, interpretó la movida como parte de una ofensiva política para proteger al sistema financiero y debilitar la autonomía municipal.
Desde Alta Gracia, Marcos Torres habló de informe “parcial y sesgado” y advirtió que medir presión fiscal con cuatro planillas de Excel es una simplificación riesgosa. En Córdoba capital, la subsecretaria Magalí Díaz sostuvo que una alícuota aislada no permite comparaciones válidas sin ponderar economía local, infraestructura y nivel de servicios.
La crítica común apunta a la ausencia de contexto: volumen de actividad, estructura productiva y responsabilidades asumidas por cada municipio.
No todos reaccionaron igual. En Villa Carlos Paz, Esteban Avilés adoptó un tono más moderado y defendió la evolución histórica de sus tasas, señalando que han quedado rezagadas frente a la inflación. En Bell Ville, Juan Manuel Moroni respaldó abiertamente la iniciativa nacional y la leyó como validación de una gestión austera.
El trasfondo técnico de la disputa aparece reflejado en el informe “Relevamiento tasas municipales” de la Unión Industrial Argentina, publicado en agosto pasado. El estudio, basado en 67 empresas y 346 locaciones, detecta 84 tributos municipales vigentes y un promedio de 7,4 pagos por empresa. Córdoba se ubica sexta en carga promedio por locación (2,9), levemente por debajo del promedio nacional (3), pero por encima de distritos como Mendoza o CABA.
La Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) concentra un tercio de los pagos y explica el 1,8% del precio de venta de alimentos, según el Iaraf. La UIA advierte sobre falta de proporcionalidad y ausencia de contraprestación: 81% de los casos relevados señalan desajustes entre lo pagado y el servicio recibido. También persiste la doble imposición, especialmente en TISH y THAE.
Ese diagnóstico empresarial alimenta la narrativa oficial. El portal convierte esas quejas sectoriales en insumo político y las proyecta al ciudadano común. La pregunta de fondo es institucional: ¿puede Nación arbitrar indirectamente sobre potestades tributarias municipales mediante exposición pública y denuncias?
El Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”. Para el procedimiento, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados.
