La puesta en marcha de la reforma laboral reconfigura el esquema de relaciones de trabajo en la Argentina y genera debates tanto en el ámbito empresario como sindical. Si bien existe polémica sobre su alcance retroactivo, especialistas coinciden en que la mayoría de las modificaciones se aplican desde su vigencia, incluso para quienes hoy ya se encuentran empleados. Solo algunos puntos quedarán sujetos a reglamentación, como el Fondo de Asistencia Laboral para el pago de indemnizaciones.
En este nuevo marco comienzan a despejarse dudas sobre cómo impactarán los cambios en el salario, las vacaciones, las indemnizaciones y los incentivos al empleo, con un objetivo central que repiten los expertos: dar mayor previsibilidad al sistema laboral y reducir la litigiosidad.
Uno de los aspectos que más discusión generó es el capítulo referido a los “salarios dinámicos”, que habilita a las empresas a otorgar suplementos variables vinculados a productividad, desempeño u objetivos específicos. Estos adicionales podrán modificarse o retirarse si cambian las condiciones que los motivaron, lo que introduce un esquema más flexible de remuneración.
Sin embargo, los especialistas advierten que este mecanismo no implica una reducción del salario habitual ni la pérdida de derechos adquiridos. En la práctica, el sueldo dinámico no reemplaza el salario básico ni los conceptos obligatorios establecidos por convenios colectivos o normas vigentes.
Para su implementación será imprescindible el acuerdo entre las partes. Ese consentimiento deberá quedar plasmado por escrito, tanto en negociaciones individuales con el trabajador como en acuerdos colectivos con el sindicato. Además, las empresas deberán garantizar que estos pagos se otorguen por encima del salario mínimo y respeten los descansos legales.
Desde el punto de vista legal, este modelo apunta a formalizar esquemas que ya existen en sectores como ventas, tecnología o industrias con objetivos medibles, pero con reglas claras para evitar conflictos judiciales.
Otro cambio relevante está vinculado a la organización de las vacaciones. La reforma prevé que los períodos puedan dividirse por semanas y que solo cada tres años sea obligatorio otorgarlas durante la temporada de verano.
De esta manera, se flexibiliza una práctica que muchas compañías ya utilizaban de forma informal, especialmente en actividades con alta demanda durante los meses estivales. No obstante, la norma establece que el fraccionamiento y la elección del período requerirán acuerdo entre empleador y trabajador.
Esto significa que ninguna de las partes podrá imponer unilateralmente el esquema. En la práctica, el objetivo es favorecer la conciliación entre la vida personal y la organización de las empresas, permitiendo mayor adaptabilidad.
Además, la reforma reduce de 45 a 30 días el plazo mínimo con el que el empleador debe comunicar el otorgamiento de las vacaciones. Esta modificación busca mejorar la planificación y dar mayor previsibilidad tanto a trabajadores como a compañías.
En materia de despidos, los expertos remarcan que el derecho a la indemnización no existe hasta que se produce la desvinculación. Por lo tanto, los empleados actuales quedarán alcanzados por el régimen vigente al momento de un eventual despido, más allá de cuándo hayan sido contratados.
Uno de los ejes centrales es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un sistema mediante el cual las empresas realizarán aportes mensuales para financiar indemnizaciones futuras. La lógica es similar a un seguro: se busca que el dinero esté disponible al momento del despido y reducir la incertidumbre financiera.
Este esquema no elimina la indemnización prevista en la Ley de Contrato de Trabajo, sino que establece una herramienta para garantizar su pago. A su vez, la reforma redefine la base de cálculo indemnizatoria, excluyendo el aguinaldo y premios anuales, lo que podría reducir el costo final.
También se introduce un tope a los intereses judiciales en caso de litigios, fijado en la inflación más tres puntos, con el objetivo de limitar el crecimiento de las deudas laborales en juicios prolongados.
Por otra parte, se elimina la indemnización por clientela en el caso de los Viajantes de Comercio en nuevas desvinculaciones, tras la derogación del estatuto específico que regulaba esa actividad.
En paralelo, la reforma introduce beneficios fiscales orientados a fomentar el empleo formal. Entre ellos se destaca la reducción de contribuciones patronales durante 48 meses para nuevas contrataciones de personas desempleadas, monotributistas o empleados públicos que se incorporen al sector privado.
Si bien estos incentivos aún deberán ser reglamentados para definir su alcance y condiciones, el Gobierno busca incentivar la registración laboral y disminuir la informalidad.
Además, se amplía a 45 días hábiles el plazo para entregar certificaciones laborales tras la desvinculación, un cambio que busca reducir sanciones automáticas a empresas por demoras administrativas.
Aunque gran parte de la reforma ya comenzó a regir, especialistas coinciden en que todavía existen interrogantes sobre su implementación concreta. La reglamentación será clave para determinar cómo funcionarán herramientas como el Fondo de Asistencia Laboral y los beneficios fiscales.
Mientras tanto, el impacto real dependerá de la negociación entre empresas, sindicatos y trabajadores. El nuevo esquema apunta a combinar flexibilidad con seguridad jurídica, pero su efectividad quedará atada a cómo se aplique en la práctica y a la evolución del mercado laboral en los próximos meses.
