El Gobierno nacional ha entrado en una fase decisiva para lograr la aprobación de la reforma laboral, desplegando una intensa estrategia de contención política que tiene como protagonistas a los gobernadores y como escenario principal los despachos del Congreso. La iniciativa, defendida por Diego Santilli como una herramienta clave para la modernización del mercado de trabajo, enfrenta horas cruciales donde la aritmética legislativa depende exclusivamente de los acuerdos que se tejan con las provincias, las cuales miran con recelo el impacto que los cambios impositivos podrían tener en sus arcas.
El mapa de apoyos se presenta heterogéneo y obliga al oficialismo a un trabajo de orfebrería política. Por un lado, la gestión logró una victoria simbólica importante en Entre Ríos, donde el gobernador Rogelio Frigerio brindó un aval explícito, valorando la propuesta como un motor para ampliar derechos y atacar la informalidad. Sin embargo, la situación es distinta en la Patagonia: el neuquino Rolando Figueroa supeditó el voto de sus legisladores a una revisión exhaustiva de los números fiscales y al saldo de deudas previsionales pendientes por parte de la Nación. Esta postura refleja el temor generalizado de varios mandatarios sobre la reducción de la masa coparticipable, especialmente por las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias.
Desde la Casa Rosada intentan desactivar estas alarmas asegurando que la merma en la recaudación será temporal y se verá compensada por el incremento de la actividad económica y la incorporación de unos 400 mil trabajadores al sistema formal. No obstante, puertas adentro del oficialismo conviven dos tácticas: el ala dialoguista, dispuesta a ceder artículos para asegurar la ley, y el sector más intransigente que prefiere votar el texto original a todo o nada.
La batalla final se librará en los recintos. En el Senado, el Gobierno parte de un piso de 34 voluntades, necesitando imperiosamente tres más para habilitar el quórum. La estrategia se centra en captar senadores de Chubut, Salta, Santa Cruz y Misiones, además de peronistas “desalineados” de Tucumán y Catamarca, con la esperanza de superar los 40 votos. En la Cámara de Diputados, el escenario es similar: con una base de 121 legisladores —sumando al PRO, la UCR y aliados—, el oficialismo negocia contrarreloj con bloques provinciales para alcanzar el número mágico de 129 presentes y dar luz verde al debate.
