La dinámica del delito digital vuelve a poner en foco la necesidad de fortalecer los sistemas de detección temprana y la articulación entre organismos nacionales e internacionales. En esta ocasión, una investigación iniciada a partir de un reporte emitido por la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children) derivó en la condena de dos hermanos salteños, hallados en tenencia de material de abuso sexual infantil y, en uno de los casos, también en su difusión a través de Internet.
El proceso judicial avanzó con celeridad gracias a la intervención de la Fiscalía Penal de Ciberdelincuencia, encabezada por Sofía Cornejo, quien representó al Ministerio Público Fiscal en una audiencia de juicio abreviado. Allí, la jueza del distrito Centro, Paola Marocco, resolvió imponer condenas diferenciadas tras la valoración de la evidencia digital secuestrada durante un allanamiento realizado en el domicilio de los acusados.
Condenas y penas impuestas
Según lo resuelto, uno de los imputados recibió tres años de prisión de ejecución condicional como autor del delito de difusión de material de abuso sexual y/o explotación infantil. Su hermano, en tanto, fue condenado a un año y cuatro meses de prisión de ejecución condicional al acreditarse la tenencia agravada de material ilícito, dado que las imágenes involucraban a menores de 13 años.
Ambos deberán cumplir estrictas reglas de conducta para conservar la condicionalidad de las penas. Entre ellas, la obligación de realizar tratamiento psicológico especializado y su incorporación al Banco de Datos Genéticos, una herramienta utilizada para el registro de ofensores vinculados a delitos de índole sexual.
La investigación y el rol de las alertas internacionales
El caso se originó cuando la NCMEC emitió un reporte alertando sobre la posible existencia de material prohibido circulando desde una conexión radicada en Salta. A partir de esa notificación, el Ministerio Público Fiscal activó los protocolos de investigación y solicitó un allanamiento que permitió el secuestro de dispositivos electrónicos.
Del análisis forense surgieron los elementos que confirmaron la participación de ambos hermanos en la actividad ilícita: almacenamiento de imágenes, rastros de descargas y, en uno de los casos, indicios claros de distribución del contenido a terceros.
Un desafío permanente para la Justicia
El fallo expone una vez más la complejidad del delito digital y la importancia de los mecanismos que permiten rastrear, reportar y actuar sobre materiales que vulneran los derechos de niños, niñas y adolescentes. En Salta, la Fiscalía especializada viene sosteniendo un trabajo que se apoya en sistemas de cooperación internacional, análisis técnico avanzado y actuación judicial inmediata para frenar estas conductas.
La condena, además de fijar responsabilidades penales, apunta a instalar un mensaje claro: la ciberdelincuencia vinculada a la explotación de menores no solo deja huellas digitales, sino también consecuencias legales firmes y trazabilidad en los registros públicos.
