La fiscal penal especializada en Ciberdelincuencia, Sofía Cornejo, representó al Ministerio Público Fiscal durante el juicio. En los alegatos, sostuvo la acusación y pidió una pena de 12 años de prisión, su incorporación al Banco de Datos Genéticos y tratamiento psicológico. En su exposición advirtió que “la falta de contacto físico, el anonimato, la masividad en segundos y no dar la cara conforman un combo perfecto para este tipo de delitos”, donde niños, niñas y adolescentes se convierten en blanco fácil de adultos que buscan manipularlos y vulnerarlos.
El juez Raúl Fernando López dictó el veredicto y lo condenó finalmente a 10 años de prisión efectiva. También ordenó su registro en el Banco de Datos Genéticos y que sea sometido a tratamiento psicológico.
La investigación comenzó en 2024, cuando fue imputado por grooming contra una menor de Metán a la que había contactado por redes sociales para solicitarle imágenes íntimas. Ya tenía otra causa previa por un hecho similar ocurrido en la provincia de Buenos Aires.
Del análisis de los dispositivos secuestrados, la Fiscalía detectó una importante cantidad de material de abuso sexual infantil que distribuía por distintas plataformas. Además, se comprobó que el acusado utilizaba 44 chips de teléfono y cinco cuentas de correo electrónico para contactar a las víctimas y amenazarlas. Con este esquema logró que una menor le enviara videos de contenido sexual que luego distribuía.
