El mercado de celulares se prepara para la baja de los impuestos a la importación en el año 2026, lo que implicaría un fuerte crecimiento de compras al exterior y una marcada reducción de sus precios. El decreto 333/2025, publicado en mayo, inició el proceso de desarme arancelario que culminará el año próximo con la eliminación total de ese tributo.
El cambio en el sector comenzó a producirse a comienzos de 2025. En el primer bimestre, las importaciones desde China crecieron 73,5% interanual y alcanzaron los US$3.024 millones, según datos del Indec. Dentro de ese salto, los productos electrónicos protagonizaron el mayor impulso: las compras externas de teléfonos y computadoras aumentaron 152%, hasta sumar US$135 millones, configurando el escenario que favoreció la flexibilización arancelaria posterior.
El decreto establece un cronograma en etapas para reducir el Derecho de Importación Extrazona aplicado a los celulares, un esquema que permitirá que las empresas adapten sus operaciones. Según Gabriel Salomón, director comercial de la firma de logística y comercio exterior Jidoka, la eliminación total del arancel generará un fuerte estímulo para ampliar volúmenes. El ejecutivo estima que en 2026 la importación de teléfonos podría duplicarse, impulsada por menores costos y una mayor previsibilidad regulatoria.
Los importadores ya ajustan sus estrategias para aprovechar el nuevo marco. Las compañías que reciban mercadería hacia fines de 2025 evalúan mantenerla en zonas francas hasta el 15 de enero de 2026, cuando la nacionalización de los productos dejará de estar gravada. Esa decisión permitiría un ahorro directo del ocho por ciento sobre el valor de cada dispositivo, un incentivo adicional para incrementar el volumen de ingreso.
Baja de precios
El impacto para los consumidores también será significativo. La combinación de arancel cero y la baja de distintos impuestos internos podría trasladarse a una fuerte reducción en los precios finales. Proyecciones privadas anticipan que el costo de los celulares podría caer entre 30 y 40% en el mediano plazo, un ajuste que corregiría la histórica brecha de valores respecto de mercados como Estados Unidos o Brasil.
Para Salomón, esta política no solo facilitará el acceso a la tecnología para el trabajo y la educación, sino que también contribuirá a desalentar el contrabando y a consolidar un mercado más competitivo y transparente, sostenido por un mayor flujo de importaciones y precios más accesibles para el público.
