El trágico fallecimiento de una bebé de un año y tres meses en el barrio Palermo de Salta volvió a poner de relieve la peligrosa situación de miles de hogares que dependen de conexiones eléctricas clandestinas.
Según estimaciones del Ente Regulador de los Servicios Públicos de Salta, más de 25 mil familias se encuentran en condiciones similares, accediendo a la energía de forma clandestina o irregular.
El presidente del organismo, Carlos Saravia, explicó que la expansión urbana desorganizada sobre terrenos públicos o privados genera un estado de fragilidad extrema, donde hogares construidos con materiales precarios quedan expuestos a riesgos letales.
Saravia remarcó la importancia de la educación y concientización sobre los peligros de las conexiones irregulares, además de impulsar la regularización de los servicios. El costo aproximado para formalizar cada hogar en situación irregular es de un millón de pesos, un desafío que requiere planificación y recursos.
Por su parte, el jefe del Departamento de Bomberos de la Policía de Salta, Mario Sacarías, recordó a ElTribuno que las conexiones clandestinas están prohibidas y advirtió que las instalaciones legales deben realizarse con protección adecuada: llaves termomagnéticas, disyuntor diferencial, puesta a tierra y cableado embutido. Además, alertó sobre el peligro de la sobrecarga de tomacorrientes y el uso de "zapatillas" que pueden provocar incendios y electrocuciones.
La muerte de la niña se suma a otros casos recientes en la provincia, que incluyen la pérdida de menores y jóvenes por contacto con alambrados electrificados o gabinetes sin protección, evidenciando la necesidad de medidas urgentes para proteger a quienes viven en condiciones de extrema vulnerabilidad.
