La norma, aprobada por amplia mayoría en ambas cámaras del Congreso, busca garantizar el sostenimiento del sistema universitario público y la recuperación del poder adquisitivo de docentes y no docentes.
“Advertimos que la situación salarial de las y los trabajadores de la educación superior y presupuestaria del sistema universitario es cada vez más grave”, expresaron las autoridades del CIN en un comunicado emitido tras la reunión del Comité Ejecutivo ampliado.
Desde el organismo recordaron que la ley “ofrece una respuesta responsable que garantiza la protección y el sostenimiento del financiamiento de las universidades públicas, además de la recomposición salarial de las y los trabajadores docentes y nodocentes”. También remarcaron que el texto “fue elaborado con el aporte de todas las representaciones de la vida académica y ratificado por amplia mayoría en ambas cámaras tras el veto presidencial”, por lo que “no hay excusas ni explicaciones que justifiquen que no se aplique ni se ejecute tal como fue aprobada”.
El CIN destacó que “la sociedad argentina se manifestó en tres oportunidades de manera conmovedora en apoyo a este reclamo” y pidió al Poder Ejecutivo “cumplir con su responsabilidad y los plazos legales establecidos para promulgar y ejecutar este instrumento que garantiza una reparación tan necesaria”.
Por último, las universidades agradecieron al Congreso de la Nación “por la insistencia en la aprobación de la ley” y expresaron su voluntad de trabajar en el presupuesto 2026, que esperan “contenga, como base presupuestaria, los recursos que garantiza la Ley Nº 27.795”.
