Por segunda semana se desarrolla el juicio contra 20 acusados, ocho de ellos del Servicio Penitenciario, sospechados de integrar una red de corrupción que funcionó en la cárcel de Villa Las Rosas, en la capital salteña. La investigación contó con escuchas telefónicas, testigos de identidad reservada y cruce de transferencias bancarias. Se presume que los penitenciarios recibían coimas para facilitar a los presos las salidas transitorias y otros beneficios extramuros, además de habilitarles celulares, droga y comida por delivery.
JUDICIALES13 de agosto de 2025 Melina Sola
La trama que investigó la Unidad de Delitos Económicos Complejos del Ministerio Público Fiscal de Salta, arrancó con la denuncia de la prefecta Carina Torres, entonces directora general del Servicio Penitenciario de Salta.
Los imputados del Servicio Penitenciario son: Sergio Moya, Rubén Guaymás, Francisco Bisceglia, Luis Castaño, José Alarcón y Marcos Bucotich García, Marcelo Olguín Magno y Raúl Arjona. La Unidad Fiscal sostiene que cada uno ocupaba distintas funciones dentro de la estructura: celadores, jefes de pabellón, encargados de seguridad externa y miembros del Consejo Correccional.
Durante el debate los investigadores mostraron que -en paralelo- Moya trabajaba en la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Salta y que tanto allí como en la Alcaidía comercializaba sus servicios irregulares.
Si bien es una causa provincial, la investigación habilitó la participación del Ministerio de Seguridad de la Nación para la intervención telefónica de los sospechados, a través de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO).
Según explicaron los peritos, las primeras escuchas se realizaron en aparatos que eran usados por internos para comunicarse con distintas personas, entre ellos familiares a quienes se les solicitaba que transfirieran dinero a distintas cuentas. Las conversaciones permitieron saber cuáles eran los penitenciarios cómplices y también se los escuchó a ellos.
A continuación, transcribimos un fragmento de una de las conversaciones, luego publicaremos otras. En este caso se trata de la charla entre un detenido, apodado “Cabra” que llama a un exinterno al que llaman “Carna”, este último le comenta que dentro de Villa Las Rosas tiene un amigo que le puede hacer favores y lo identifica como “el jefe Moya”:
- Exinterno NN: AHÍ TENGO UN AMIGOTE CHE, QUE ES AHÍ ESTRELLUDO
- Interno Cabra: AH
- Exinterno NN: MOYA
- Int. Cabra: ¿JEFE MOYA?
- Ex interno NN: AH EL JEFE MOYA
- Int. Cabra: AH SI
- Ex interno NN: VOS DECÍ QUE SOS AMIGO MÍO, DECÍ YO SOY AMIGO DEL CARNA
- Int. Cabra: SI ME JUNA A MÍ TAMBIÉN
-Ex interno NN: PIOLA EL NEGRO BOLO
- Int. Cabra: AH SI TAVA EN LA ALCAIDÍA PORQUE YO LE PEGUÉ A UN CELADOR
- Ex interno NN: SI RANCHO MÍO, COMPINCHE
- Int. Cabra: AH SI AMIGO DE MI VIEJO ES
- Ex interno NN: AH SI, AMIGO DE MI VIEJO TAMBIÉN ES
Ingreso de pizzas, la punta del ovillo
Un informe de Inteligencia del Servicio Penitenciario señalaba que mientras Bisceglia fue jefe del Pabellón K, en 2022, habilitó el ingreso de cajas de pizzas que tuvieron como destino una de las celdas. El mismo documento detallaba que cuando lo cambiaron al Pabellón E, volvieron los rumores que indicaban que a cambio de transferencias bancarias concedía favores a los penados.
A esto se agregaron denuncias ante la Fiscalía de Derechos Humanos, por parte de exdetenidos que contaron que para acceder a beneficios los jefes pedían entre 80 y 200 mil pesos. Uno contó que en 2022 Bisceglia le solicitó 30 mil pesos para pasar 5 días en los talleres extramuros y 40 mil más, si quería estar en la granja. Otro dijo que le pidieron 50 mil para otorgarle una salida transitoria. Más testimonios revelaron que el acceso a medicamentos tenía precio y también los informes psicosociales, sin embargo, no hay imputados entre los profesionales de la salud del servicio penitenciario.
Los denunciantes dijeron que, para obtener los beneficios, recibían un papel con un número de cuenta donde su familia debía depositar o coordinaban los encuentros para pagar en efectivo.
Según los internos, el ingreso de pasta base y marihuana se hacía por medio de Bisceglia y en el interior la distribuía Manuel Méndez, alias el Gordo, un preso que tenía acceso a celulares y se comunicaba permanentemente con la madre, María Inés Méndez, para coordinar los pagos y las compras. Las escuchas revelan que ella recibía transferencias de familiares de presos, compraba droga y la entregaba a mujeres que la hacía ingresar al penal cuando visitaban a sus familiares.
“El jefe Bisceglia está prendido con el Gordo Méndez y hacen estafas con los planes de auto con Renault, y la gente hace pagos. Usan muchos teléfonos, tienen muchos chips en los pantalones que usan. La droga entra por Bienestar y por el taller y ahí se reparte”, declaró uno de los testigos de identidad reservada.
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