El escándalo sexual que sacude al concejal libertario Pablo López parece haber dejado al descubierto algo más profundo que una denuncia penal: la persistencia de viejas prácticas que sobreviven bajo nuevos eslóganes.
Es que entre los convencionales municipales que integrarán el bloque de La Libertad Avanza, aparecen nombres que sorprenden, no por su trayectoria pública, sino por su cercanía familiar.
Raúl Fernando López, padre del concejal denunciado por extorsión sexual, será parte del grupo que discutirá ni más ni menos que la reforma de la carta orgánica municipal. También lo hará Estela Méndez Valerio, ex pareja de Pablo López y denunciante en la causa.
Ambos fueron incluidos en la lista de convencionales presentada por el espacio en mayo. Una lista que encabezó el propio Pablo López en la categoría concejal.
Mientras se multiplican las expresiones de repudio y la causa judicial avanza, queda claro que el escándalo libertario no solo expone una denuncia grave, sino también un modo de construir poder que, lejos de romper con el pasado, lo recicla con otra estética. ¿Asumirán ambos convencionales electos después del escándalo?
El conflicto estalló después de que se filtraran audios en los que el concejal de La Libertad Avanza, Pablo López, condicionaba el pago del salario y de una deuda de una asesora política a cambio de favores sexuales —incluso con menciones explícitas como "por cada chupada de pito te descontaba 10 mil pesos"—, lo que generó una denuncia penal por extorsión sexual, retención de sueldo y violencia de género ante la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género
La repercusión traspasó las fronteras de Salta, provocando una rápida crisis política. La dirigencia local de La Libertad Avanza expulsó a López por "traicionar los valores del partido" y repudiar su actuación. El presidente del partido en Salta afirmó que no tolerarían conductas inmorales o antiéticas, citando al liderazgo nacional: "el que las hace, las paga"
Finalmente, el concejal presentó su renuncia el 17 de julio de 2025, y la repercusión se extendió a otras áreas públicas: el Ministerio de Educación abrió un sumario administrativo por su rol como docente, ante los hechos denunciados. Mientras, desde su propio espacio, algunos dirigentes pidieron que se impulse un juicio político en lugar de aceptar su renuncia.
