"Prisión domiciliaria" para una perra que mató a 5 mascotas: tendrá vigilancia judicial y el dueño fue imputado

Vecinos del barrio San Jorge manifestaron su preocupación ante episodios de comportamiento agresivo protagonizados por un perro, situación que motivó la intervención fiscal para garantizar la seguridad de los vecinos y el bienestar animal.
INTERIOR30 de junio de 2025 El Expreso de Salta
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El fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Alejandro Escalante, tomó intervención en un hecho ocurrido en el barrio San Jorge, vinculado a la presencia de un perro de raza pitbull que, según registros fílmicos difundidos por redes sociales, habría generado temor entre vecinos por su comportamiento agresivo y las condiciones inadecuadas de su resguardo.

Tras analizar el material audiovisual y tomar conocimiento de la situación, el fiscal dispuso la intervención de personal de la Subcomisaría San Jorge, donde se labró una notificación al propietario del can, por haber incurrido en conducta posiblemente encuadrada en la Ley Nacional de Maltrato Animal ( Nro. 14.346)

Dicha intimación le insta a tomar medidas inmediatas para garantizar el resguardo seguro del animal, brindarle atención y cuidados adecuados, y evitar así potenciales daños a personas o a otros animales del entorno. La notificación fue realizada bajo apercibimiento de ley, advirtiéndose que el incumplimiento podría derivar en acciones penales por desobediencia judicial.

A pesar de que el propietario del animal realizó reparaciones provisorias en la vivienda para evitar nuevos conflictos, las condiciones aún son motivo de vigilancia. Por tal motivo, se dispuso un control periódico por parte del personal policial cada 48 horas, durante una semana, a fin de verificar el cumplimiento de las medidas impuestas.

Cabe destacar que el hecho no contó con denuncia formal por parte de la damnificada directa, aunque sí se tomaron testimoniales y se actuó en base a la denuncia efectuada por una vecina que registró en video el incidente y lo difundió en redes.

El fiscal Escalante subrayó que la intervención penal se justifica no solo por el potencial peligro para los vecinos, sino también por posibles conductas encuadradas en la Ley Nacional de Maltrato Animal, reiterando que la responsabilidad del cuidado recae plenamente en el propietario.

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