El Ministerio Público Fiscal de Salta emitió un dictamen contra la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) en el marco de la apelación que esta presentó para evitar cumplir con una sentencia que le ordena reparar de manera urgente la Ruta Nacional 50, en el norte salteño.
El fiscal federal Ricardo Toranzos, de la Unidad Fiscal Salta, solicitó a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta que rechace el recurso presentado por Vialidad Nacional y ratifique el fallo emitido en abril por el juez federal de Orán, Gustavo Montoya, quien dio lugar a un amparo colectivo promovido por la Defensa Pública Oficial de esa ciudad.
El reclamo judicial apunta al pésimo estado del tramo de 21,5 km que conecta a Orán con Pichanal, y que representa una de las principales vías de comunicación del departamento. La causa se originó con el respaldo de 1.300 firmas de vecinos.
Entre los argumentos de la fiscalía para sostener el rechazo al planteo del organismo nacional, se destaca la contundencia de la prueba producida en el expediente. Se mencionó especialmente una pericia realizada en enero pasado por el Grupo de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional, que relevó baches, protuberancias, sectores deteriorados y fallas de señalización en todo el trayecto, incluso en las zonas recientemente intervenidas.
"La evidencia reunida es suficiente para advertir el mal estado general de la ruta", sostuvo Toranzos, quien también valoró los informes gráficos, las coordenadas georreferenciadas y los reconocimientos judiciales del proceso.
A pesar de que Vialidad Nacional argumentó haber efectuado obras en cumplimiento de la medida cautelar dispuesta en mayo, el fiscal advirtió que esos trabajos fueron provisorios y no garantizan seguridad vial a largo plazo. "Se realizaron con materiales inadecuados, con una durabilidad extremadamente baja, según lo reconoció el propio organismo al explicar que en menos de 20 días algunas zonas se deterioraron nuevamente por las condiciones climáticas y el tránsito", indicó.
En su dictamen, el fiscal también cuestionó la posición institucional de Vialidad, que alegó una indebida intromisión del Poder Judicial en su funcionamiento administrativo. Frente a ello, Toranzos remarcó que están en juego derechos fundamentales como la libre circulación, la seguridad y la integridad física de las personas. "Corresponde el control judicial ante actos u omisiones que lesionen garantías constitucionales".
En relación a los trabajos en el puente de acceso a Hipólito Yrigoyen, si bien una pericia confirmó que la estructura se encuentra en condiciones para su uso, el fiscal señaló que desde mediados de abril sigue pendiente su habilitación formal. Además, observó que no hay constancias de que se haya completado la señalización necesaria ni efectivizado el traspaso del sistema de iluminación a la Municipalidad de Orán, tal como era el compromiso.
Ahora será la Sala I de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta la que deberá resolver si confirma o revoca el fallo del juez Montoya.
