Según explicó Luis López, director del cementerio San Antonio de Padua, durante el corriente año se emitieron cerca de 8.000 notificaciones dirigidas a los titulares de las parcelas. Sin embargo, la respuesta por parte de la comunidad ha sido alarmante: aproximadamente la mitad de las familias notificadas no se presentó a regularizar su situación ni a manifestarse sobre el destino de los restos.
Las tasas anuales de los cementerios municipales rondan los $50.000 en concepto de mantenimiento y unos $18.000 por el permiso de uso. De acuerdo con la normativa vigente, cuando se acumulan períodos prolongados de deuda —generalmente a partir de los dos años—, las administraciones inician los procesos administrativos que derivan en el vaciamiento de los nichos para liberar espacio disponible en los predios, cuyos restos pasan a una fosa común si no son reclamados.
El fenómeno refleja la compleja situación económica actual y el fuerte impacto que la morosidad tiene sobre la infraestructura pública. Ante la saturación de los espacios y la falta de respuestas por parte de los deudores, los administradores se enfrentan al dilema constante de garantizar la operatividad de los cementerios y mantener la disponibilidad para nuevos servicios.
