En el marco de la audiencia de formalización, y en línea con lo requerido por los representantes del MPF, se les impuso prisión preventiva a todos ellos, se ordenó su traslado a otras unidades y se mencionó la “gravedad institucional” del caso, por la presunta “complicidad” del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
“Lo que está sucediendo en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional, sin embargo, las autoridades del Servicio Penitenciario Federal parecen no haberlo notado. Bajo sus narices, o bien con su complicidad, la droga corre de un extremo a otro del penal”, dijo la auxiliar fiscal Roxana Gual, al fundar la imputación de ocho internos.
La audiencia de formalización de la investigación se realizó el jueves pasado ante la jueza federal de Garantías N°2, Mariela Giménez, quien coincidió en que se trata de un “caso de mucha gravedad” y puso énfasis en la supuesta “connivencia del Servicio Penitenciario Federal”.
La fiscal general adjunta, Mariana Gamba Cremaschi, también intervino en la imputación contra los nueve acusados, que quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravado por el número de intervinientes y por ser cometido en un centro de detención.
En la audiencia, la jueza hizo lugar a las imputaciones seguidas contra los internos Rubén Ángel Rodríguez, alias “El Patrón”, como presunto organizador del delito; y como coautores, a Eusebio Juan Antonio Bilaja (cumplía prisión domiciliaria), César Eduardo Acosta, Marcelo Javier Fragapane, Ezequiel Maximiliano Toledo, Rodrigo Alejandro Villareal, Miguel Hernán Olmos y Franco Emanuel Chaile, (aunque a este último, aún no se le determinaron vínculos con los otros acusados).
A ellos se le suma Analía Ivana Astigueta, la pareja del presunto líder -Rodríguez-, quien fue detenida en la ciudad de Orán, en calidad de coautora.
La jueza dictó también la prisión preventiva de todos los imputados y dispuso el traslado a otras unidades carcelarias, ya que la fiscalía pidió que no vuelvan al penal federal de General Güemes, ante el riesgo de entorpecimiento de la investigación, pues desde allí podrían influir para frustrar el caso.
La misma medida de coerción fue ordenada respecto a Bilaja, quien cumplía prisión domiciliaria en Orán. También a instancia de las representantes del MPF, la investigación fue declarada compleja dada su magnitud.
En cuanto a la autorización de medidas probatorias, la jueza dio curso a pericias a cientos de celulares secuestrados y dispuso el levantamiento del secreto bancario de los imputados y el congelamiento de cuentas bancarias de Astigueta y otros internos.
El inicio de la investigación
Al presentar el caso, Gamba Cremaschi y Gual destacaron que la investigación tuvo como punto de partida la fuga protagonizada el 1° de enero de 2024 por Cristián Ruiz Díaz, un condenado por narcotráfico del conurbano bonaerense. El interno huyó del penal federal con un alicate que empleó para abrirse paso por los alambrados perimetrales. Luego -con apoyo externo- escapó por la parte posterior, sin que hasta el momento haya podido ser recapturado.
Para la fiscalía, tanto en esa fuga como la venta de droga interna y la gran cantidad de celulares incautados a los internos -más de 250 desde que se inició el caso- solo se explica con la “complicidad” no solo de personal sino también de los “jefes” del SPF a cargo de esa unidad.
En función de ello, el MPF inició las actuaciones preliminares el 6 de febrero del 2024, las que avanzaron con una serie de prórrogas debidamente fundadas y autorizadas por la jueza Giménez hasta el 1° de abril pasado, cuando se pudo individualizar a los presuntos integrantes de la organización narcocriminal que operaba a gran escala dentro del penal.
