A través de sus redes sociales, la organización gremial advirtió que no se trata de un hecho aislado, sino de un nuevo capítulo del lawfare impulsado desde los tribunales federales de Comodoro Py.
“Nos quieren proscribir como en 1955, como en 1976. No lo vamos a permitir”, expresó ATE Capital en su publicación.
Un poder judicial al servicio de los intereses políticos
El anuncio de ATE se da en medio de fuertes especulaciones sobre un posible fallo de la Corte Suprema de Justicia que podría afectar los derechos políticos de la expresidenta.
Distintos sectores denuncian que, detrás de la pretendida neutralidad judicial, se esconde una estrategia para inhabilitarla electoralmente y despejar el camino al oficialismo de Javier Milei.
La Corte Suprema —cuestionada por su falta de imparcialidad y por intervenir selectivamente en causas de alto impacto político— acumula denuncias por encubrimientos, demoras y fallos orientados por conveniencias partidarias.
La causa conocida como “Vialidad”, en la que CFK fue condenada en primera instancia, presenta múltiples irregularidades procesales y omisiones probatorias.
Varios juristas y organismos internacionales han señalado la falta de garantías. Comodoro Py, núcleo operativo del llamado Partido Judicial, actúa como caja de resonancia de las operaciones mediático-judiciales contra dirigentes del campo nacional y popular.
Cristina Fernández de Kirchner fue condenada en diciembre de 2022 a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Sin embargo, esa condena no está firme, ya que debe ser revisada por instancias superiores. A pesar de ello, sectores del poder económico y mediático impulsan que se aplique de manera anticipada, lo cual sería abiertamente inconstitucional.
La defensa de la democracia no es simbólica
ATE Capital denunció que estas maniobras judiciales no solo buscan disciplinar a Cristina sino también a toda la dirigencia sindical y política que se atreva a cuestionar el modelo de ajuste y entrega impulsado por el gobierno nacional.
“No vamos a quedarnos quietos ante la avanzada judicial que pretende callar voces y borrar del mapa a quienes representan un proyecto político distinto”, señalaron desde el sindicato.
Una proscripción encubierta
Desde el retorno de la democracia en 1983, ningún dirigente político de envergadura fue objeto de una campaña judicial y mediática tan sistemática como la que enfrenta CFK. El uso del aparato judicial como arma política —con complicidad de ciertos medios de comunicación y del Poder Ejecutivo— revive prácticas de proscripción propias de etapas oscuras de la historia argentina.
