Hay que tener 100 mil pesos en la billetera para poder abortar en la era de Javier Milei. Las mujeres que tienen garantizado el derecho al aborto son sólo las que cuentan con obras sociales o prepagas robustas. Las que viven en provincias que no pueden hacerse cargo del recorte del 100% del Gobierno nacional a los insumos básicos acceden como pueden, muchas veces gracias a los malabares que hacen los profesionales de la salud con sus pares para saldar el agujero que deja el desamparo del Estado.
El mismo jefe de Gabinete, Guillermo Francos, admitió en su informe ante el Congreso que actualmente no existe una línea de financiamiento específica destinada al cumplimiento de la Ley 27.610. No van a poner un peso y lo avisan. Mientras tanto, aumentaron un 275% las consultas, denuncias y pedidos de asesoramiento por dificultades en el acceso al aborto, en comparación con 2023.
"Me acerqué al hospital, pero me dijeron que no hay mediación y que los usuarios tenemos que comprarla por nuestra cuenta. Yo no tengo el dinero para esto. Le volví a consultar al médico su podría esperar y que me den el misoprostol de manera gratuita dentro de unos días, pero me dijo que no. Que la única opción para hacerme la interrupción es pagando". Eso le dijeron a Andrea, una mujer de la provincia de Entre Ríos, cuando se acercó a un centro de salud para que le practicaran una Interrupción Voluntaria del Embarazo, según relató Amistía Internacional en su informe "También es por vos: Defender el acceso al aborto ante el retroceso de políticas públicas", que da cuenta del alarmante debilitamiento en el acceso al aborto. Hoy sale 100 mil pesos una caja de misoprostol.
Milei, quien considera que el aborto es un "asesinato", no pudo eliminar la ley que lo consagra. Por eso, decidió desfinanciarla, y que así las personas gestantes tengan cada vez más barreras a la hora de acceder al derecho. "Las respuestas brindadas por el Jefe de Gabinete dejan expuesta la realidad que varias organizaciones venimos monitoreando y advirtiendo: el Estado no está garantizando el acceso a la salud sexual y reproductiva dejando de comprar insumos fundamentales para la interrupción voluntaria y legal del embarazo", denunció Julieta Izcurdia, directora del área Jurídica del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género.
Este 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, las personas gestantes padecen el desmantelamiento sistemático de las políticas públicas en salud sexual y reproductiva. El Estado deja de ser garante del derecho bajo la gestión de Milei. "Durante 2024, el Estado nacional no distribuyó insumos a las provincias. Al mismo tiempo, la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y test de embarazo cayó un 81 % entre 2023 y 2024, a pesar de ser esenciales para que las mujeres puedan decidir si tener hijos o no, cuándo y cuántos", puntualiza el informe de Amnistía.
Desde que arrancó la gestión de Milei, se interrumpió la compra y distribución nacional de misoprostol y mifepristona, medicamentos esenciales recomendados por la OMS para garantizar el acceso al aborto seguro y en condiciones de calidad. Durante 2023, se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 10 tratamientos de combipack,14 mientras que en 2024 no se ha distribuido insumo alguno a las provincias para garantizar el acceso al aborto, de acuerdo a los datos del Ministerio de Salud de la Nación. El acceso no es equitativo.
Las provincias, ya ahogadas por otros recortes del Gobierno, tuvieron que hacerse cargo de la entrega. "Más de la mitad de las provincias ha informado la falta de stock de misoprostol y, casi la totalidad reporta desabastecimiento de mifepristona y combipack", advierte Amnistía. Esto se ve agravado por la reducción del 81% en la cantidad de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo distribuidos a las provincias. El acceso queda librado al esfuerzo de las provincias. Depende donde viva una persona, tendrá o no facilidades para acceder a su derecho.
