El juez Ignacio Colombo, luego de recibir la confesión del acusado, le impuso condena y el cumplimiento de reglas de conducta, entre las cuales se cuenta la prohibición de mantener todo tipo de contacto con la damnificada y su grupo familiar, someterse a tratamiento psicológico y dispuso que sea registrado en el Banco de Datos Genéticos.
La investigación inició en el marco de una averiguación preliminar por un reporte de la ONG NCMEC (National Center for Missing and Exploited Children), que alertó sobre una supuesta actividad ilícita que estaría desplegando el acusado con material de abuso y/o explotación sexual infantil.
En un allanamiento realizado el pasado mes de marzo en su domicilio, ubicado en la zona sudeste de la ciudad de Salta, se secuestraron dispositivos informáticos y diversa evidencia digital de interés para la causa.
