El fiscal penal 2, Ramiro Ramos Ossorio, representa al Ministerio Público Fiscal ante la Sala I del Tribunal de Juicio del distrito Centro, en la audiencia de debate contra una mujer que se desempeñaba como coordinadora del dispositivo, y otros ocho operadoras de la casa hogar que funcionaba en la ciudad de Salta. Todas están imputadas como coautoras del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público en perjuicio de la Administración Publica Provincial.
El pasado viernes, el juez Leonardo Feans, recibió el testimonio de vecinos del lugar donde funciona el dispositivo, quienes alertaron oportunamente sobre los gritos de los niños que escuchaban y que asociaron a malos tratos. Entre ellos, una mujer quien es maestra jardinera, ratificó lo declarado oportunamente y aseguró que, desde su experiencia profesional, los gritos no correspondían a actividades lúdicas, sino a situaciones de violencia.
Para la segunda semana del debate, está prevista la declaración de profesionales psicólogos que intervinieron con los menores del hogar y, tras advertir indicios de malos tratos, dieron aviso a la Secretaría de la Niñez. También declarará personal de Criminalística del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, que realizó la inspección ocular en el lugar.
La investigación inició al tomar conocimiento de que tanto las operadoras, como la Coordinadora del hogar, que funcionaba en la zona de barrio Tres Cerritos, habrían reiterado conductas inapropiadas respecto del trato dispensado a los menores que manifestaban un “mal comportamiento”. Como método disciplinario recurrente, se habría utilizado la metodología de introducirlos de manera violenta y con prendas de vestir a la ducha con agua fría. Se mencionaba además, que esta medida era ordenada por la jefa del hogar.
En la acusación, el fiscal Ramos Ossorio sostiene que esta conducta desplegada por las acusadas comprometió la seguridad general del Dispositivo de Protección, contrariando los mecanismos de cuidado, abordaje y tratamiento respetuoso hacia los niños, niñas y adolescentes bajo su órbita de cuidado, lo que constituye un quebranto a las pautas previstas.
Afirma además que, si bien no se constataron lesiones físicas en los menores, de la información brindada en forma conjunta por los niños y niñas alojados en el lugar, mediante sendas entrevistas realizadas por psicólogos y asistentes sociales de la Secretaria de Primera Infancia, así como de las entrevistas realizadas por personal del CIF durante la investigación, se evidencia violencia psicológica o moral en contra de los menores.
