La fiscal penal de Cafayate, Sandra Rojas, representó al Ministerio Público Fiscal ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Personas y Familia y de Garantías, del Distrito Centro – Cafayate, durante la audiencia flexible y multipropósito en la que se resolvió la aplicación de criterio de oportunidad en dos casos de estafa que involucraban a dos hombres mayores de edad.
El primer hecho se produjo cuando la denunciante recibió una llamada en su teléfono fijo, de una persona que se hizo pasar por su sobrina, que le solicitó la cantidad de dólares que tenía en su poder. Posteriormente, la persona, al otro lado de la línea, le informó que un empleado del Banco Nación se presentaría en el domicilio para retirar los billetes, argumentando que estaban 'por vencer'. El monto total que debía entregar ascendía a 3000 dólares. Al poco tiempo un hombre se presentó en el domicilio de la damnificada para retirar los treinta billetes de 100 dólares.
Ante esta situación, la mujer decidió llamar a su sobrina para aclarar el asunto del cambio de billetes. Fue entonces cuando descubrió que quien había llamado no era su sobrina. Luego, la familia le recomendó presentar la denuncia en la justicia.
El otro hecho, de similares características, se produjo cuando la segunda damnificada también recibió una llamada en su teléfono fijo. Al atender, una mujer se identificó 'como su sobrina', y le informó que todo el dinero que tenía guardado carecía de valor, pidiéndole que se lo entregara a un hombre que pasaría por su domicilio para retirarlo y proceder luego a su cambio.
Cuando el hombre se presentó en la vivienda, la ahora denunciante le entregó 350 mil pesos. Tras recibir el dinero, el sujeto se retiró.
Luego de lo sucedido, la denunciante llamó a su sobrina y a su hija, quienes confirmaron que se trataba de una estafa.
Durante la audiencia, se labró acta, mediante la cual consta la entrega de 3000 dólares a la primera damnificada como reparación integral, y 50 mil pesos a la segunda damnificada en concepto de daño moral. Este acuerdo fue alcanzado por todas las partes involucradas, es decir, los imputados, las damnificadas y el Ministerio Público Fiscal, en el marco de la aplicación del criterio de oportunidad, lo que conllevó al cese de la acción penal.
