Comienza la segunda subasta electrónica del Gobierno de Salta.
El Gobierno de Salta ha puesto a la venta 10 vehículos, entre ellos 3 automóviles y 7 camionetas, a través del sistema de subastas electrónicas implementado por el Poder Judicial. Los interesados en participar pueden consultar las imágenes y descripciones de cada vehículo en el sitio subastas.justiciasalta.gov.ar.
La exhibición de estos bienes se llevará a cabo el próximo 14 de marzo en el playón de estacionamiento del Centro Cívico Grand Bourg, ubicado en Av. Los Incas s/nº, del barrio Grand Bourg. La jornada de exhibición se llevará a cabo de 10 a 12 y de 17 a 19 horas. Se recomienda a los interesados coordinar su visita previamente con el martillero a cargo o con la Oficina de Subastas del Poder Judicial. Las ofertas podrán presentarse a partir del 17 de marzo, desde las 9 de la mañana.
Este remate es el segundo de los cuatro programados para la primera fase de ejecución del convenio de colaboración firmado en diciembre del año pasado entre la Corte de Justicia, el ministerio de Economía y Servicios Públicos, y el de Seguridad y Justicia. Los fondos recaudados se destinarán a la adquisición de bienes y equipamiento para la Policía y el Servicio Penitenciario de Salta, con un enfoque especial en la modernización de sus áreas administrativas y de las Divisiones de Asuntos Judiciales.
Además, el 14 de marzo se llevarán a cabo los sorteos para seleccionar a los martilleros que intervendrán en la tercera subasta electrónica de los bienes del Gobierno provincial, así como en la primera de bienes secuestrados del Poder Judicial, programadas para los próximos días. Como novedad, esta vez los sorteos se transmitirán en vivo por streaming para el Colegio Profesional de Martilleros y Corredores Públicos de Salta, brindando mayor transparencia al proceso.
La subasta electrónica no solo busca optimizar la gestión de los bienes públicos, sino que también constituye un esfuerzo del Poder Judicial y el Gobierno de la Provincia por aumentar la eficiencia en el uso de los recursos estatales, promoviendo así una administración más transparente y responsable.
