Un nuevo escándalo sacudió al Gobierno Nacional esta semana, al tomar trascendencia el contenido de la Resolución 187/2025, vinculada a pensiones no contributivas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación.
En la misma se clasifica a personas con capacidades diferentes con términos insultantes y discriminatorios como “idiota”, “imbécil”, “retardado” y “débil mental”, basándose en su coeficiente intelectual (CI), lo que motivó el rechazo de especialistas, organizaciones que velan por los derechos de las personas con discapacidad y el conjunto de la ciudadanía.
Ahora, el Gobierno atribuyó a un “error” el haber utilizado semejante terminología, y desde la ANDIS aseguraron en un comunicado que no se tuvo "ninguna intención discriminatoria" al utilizar esas palabras insultantes.
"Se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta", explicó la dependencia oficial, añadiendo que ese tipo de caracterizaciones fueron utilizadas en el pasado en medicina psiquiátrica, aunque se eliminaron por su carácter peyorativo.
A pesar de la modificación, el organismo sostuvo que la "corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación" para otorgar prensiones por discapacidad, lo que ya había generado polémicas al establecer nuevos y más criterios para otorgarlas.
