Imputaron a un hombre de 40 años por los delitos de desobediencia judicial, lesiones leves agravadas por la relación preexistente y por el género, y daños, en concurso real, tras un violento episodio ocurrido el viernes 14 de febrero en barrio El Huaico.
Según la denuncia de la damnificada, aproximadamente a las 9:00, mientras realizaba diligencias en el centro de la ciudad, recibió un mensaje de audio de su expareja, quien la intimaba a retirar sus pertenencias de la vivienda. Ante esto, la mujer se dirigió a su domicilio, ubicado en barrio El Huaico, donde encontró varios objetos personales dispersos en el exterior y la puerta abierta.
Al ingresar, observó al acusado dentro de la vivienda. En ese momento, el hombre la habría tomado violentamente de ambos brazos, arrojándola al piso y, sujetándola de los pies. Según el relato de la mujer, el acusado intentó arrastrarla hacia la escalera con intenciones de arrojarla, aunque no logró su cometido. Las lesiones sufridas fueron constatadas mediante certificado médico.
El acusado, pese a haber sido debidamente notificado el 4 de noviembre de 2024 sobre las medidas cautelares que le ordenaban abstenerse de ejercer actos de violencia de cualquier tipo y bajo cualquier modalidad contra la denunciante, incumplió dichas disposiciones.
Tras la agresión, la mujer se comunicó con su abogada, quien alertó al SE 911. Aproximadamente a las 11:15, se hicieron presentes efectivos policiales y una dotación de bomberos, ya que el acusado se encontraba atrincherado en el primer piso de la vivienda portando un arma blanca y con intenciones suicidas. Ante la situación, se desplegó un colchón antisuicida en el exterior del domicilio.
En medio del operativo, el hombre arrojó ladrillos desde el primer piso, causando daños al elemento desplegado para salvaguardar su integridad física.
En la audiencia de imputación, la fiscal Verónica Simesen de Bielke solicitó el mantenimiento de la detención del imputado, considerando la gravedad de los hechos, el incumplimiento de las medidas judiciales y el riesgo para la integridad de la denunciante.
