La presunta megaestafa digital $LIBRA comienza a gestar otro capítulo internacional. Al “reporte de operaciones criminales” que recibió este lunes el Departamento de Justicia y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) se suman ahora las acciones legales que ultima un estudio jurídico de Nueva York que representa ya a más de 200 clientes de media docena de países perjudicados por la operatoria que impulsó desde las redes sociales el presidente Javier Milei.
Se trata del estudio Burwick Law, especializado en la protección legal de consumidores digitales, y que en las horas posteriores al lanzamiento e implosión de $LIBRA comenzó a captar afectados de todo el mundo que quieren recuperar el dinero invertido y que los responsables desfilen por tribunales.
“Actualmente, estamos investigando y entendiendo qué ocurrió para buscar posibles opciones legales para nuestros clientes”, indicó el socio gerente de la firma, Max Burwick. “Tenemos la intención de defender celosamente a nuestros clientes mediante la búsqueda de recursos civiles disponibles, incluyendo litigios, si se justifica”.
Con casos similares ya sobre sus espaldas, la firma no descarta iniciar una demanda colectiva -“class action”- en una corte civil de Estados Unidos, aunque considera que es “demasiado pronto” para definir cuál será la estrategia jurídica o el camino a recorrer, lo que dependerá de, entre otros factores, dónde resulte más ventajoso litigar y el devenir de los acontecimientos.
En ese sentido, uno de los rostros más visibles detrás de $LIBRA, el estadounidense Hayden Mark Davis, concedió durante los últimos días dos entrevistas donde admitió la comisión de múltiples delitos e irregularidades financieras, como el abuso de información privilegiada, el reparto de activos de manera subrepticia y el ocultamiento de datos a los inversores, entre otros.
Un reclamo judicial podría darse, en ese contexto, en varios tribunales de distintos países de manera simultánea, lo que dependerá de dónde residan los demandados, dónde ocurrieron los hechos, la ruta del dinero –en particular de los cerca de US$ 107 millones que embolsaron un puñado de operadores- y los domicilios de las víctimas.
