Lo que todos los argentinos sienten a diario, fue puesto en palabras por más de 30 gremios, que a través de una solicitada salieron a cuestionar la medición de la inflación, expresando sus desconfianza respecto de las estadísticas oficiales.
Luego de que este jueves el INDEC informara que el IPC de enero fue del 2,2%, los sindicatos apuntaron que «los datos no coinciden con el impacto en nuestros bolsillos». Y afirmaron que «existió un desfasaje cercano al 15% entre los datos oficiales y la inflación (real) sufrida en 2024».
En el documento difundido a la prensa se explicó que “el Gobierno acaba de anunciar el índice inflacionario del mes pasado y su acumulado anual. Según esos datos, la inflación fue de 2,2% en enero de 2025. Para la mayoría de la población ese porcentaje no refleja el aumento efectivo de los bienes y servicios que afrontamos todos los meses con nuestros ingresos”.
“Hasta ahora era un comentario que fue elevando su volumen en pueblos y ciudades. Hoy podemos demostrar que ese desfasaje es real y tiene una explicación clara: el INDEC utiliza una metodología de cálculo desactualizada», sostiene el comunicado publicado por los sindicatos, en coincidencia con lo que reconoció el propio Marco Lavagna, director del instituto de estadísticas.
Además, apuntaron que «el Gobierno no se atreve a modificarlo porque develaría que la inflación es mayor que la publicada».
La solicitada lleva las firmas de gremios pesados como la Federación de Trabajadores Aceiteros y Desmotadores, La Bancaria, ATE, la Federación de Judiciales, los Jerárquicos de Energía, los Metrodelegados, el Sipreba y gremios docentes.
Desde este espacio, que es el primero en cuestionar oficialmente las cifras del INDEC, se destacó que «este método desactualizado oculta que el poder de compra de los salarios se redujo un 50% en los últimos años, sólo mitigado por las negociaciones paritarias y conflictos salariales».
A la vez que se advirtió que «la mayoría de los trabajadores/as cada vez están más lejos del Salario Mínimo, Vital y Móvil, aprobado en la Ley de Contrato de Trabajo y en la Constitución Nacional, que es la remuneración menor que debe recibir un trabajador/a para asegurar alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, salud, transporte, esparcimiento, vacaciones y previsión”.
En ese sentido se planteó que “para cubrir esos gastos a finales de 2024, un trabajador/a debía percibir un ingreso bruto mínimo de $1.900.000 mensuales».
