En el marco del reordenamiento del sistema que está llevando adelante el Ministerio de Salud de la Nación, en el día de ayer se enviaron las primeras cartas documento para comenzar a auditar todas las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral (PNCIL) activas. En esta primera salida, se remitieron 300 mil notificaciones a beneficiarios de las provincias de Chaco, Buenos Aires, Tucumán, Mendoza, San Luis y Santa Fe.
Se trata de un proceso progresivo que abarca más de un millón de casos y que busca garantizar que las PNCIL cumplan con los criterios legales establecidos y asegurar que el beneficio llegue exclusivamente a quienes lo necesitan de acuerdo al Decreto 842/2024. Si las proyecciones realizadas por el Ministerio de Salud y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se mantienen, se espera generar un ahorro de 900 mil millones de pesos para este año.
La primera etapa de este proceso de auditoría comprende el envío de cartas documento en las que se cita a los usuarios a presentarse a un turno asignado con un médico de PAMI para que presenten la documentación requerida y se realicen las entrevistas y controles necesarios para garantizar que todos los beneficiarios accedan al proceso de auditoría y a su correspondiente revisión. Luego, los profesionales de la ANDIS analizarán la documentación de cada usuario y, finalmente, emitirán los dictámenes y resoluciones determinando quiénes cumplen con los requisitos para continuar percibiendo el beneficio.
Cabe destacar que es obligatorio presentarse a la citación y que la inasistencia puede llevar a la suspensión de la PNCIL. Si no se puede asistir, se podrá justificar la falta hasta 24 horas antes de la citación, enviando un correo a [email protected] o por whatsapp a través del chatbot de TINA (54 11 3910-1010), con la documentación que justifique la ausencia y copia del DNI.
Para llevar adelante este plan de auditorías, el Ministerio de Salud firmó una serie de convenios específicos con la ANDIS y con PAMI para la contratación del servicio postal, la evaluación clínica de los beneficiarios y la implementación de los procesos administrativos necesarios para hacer efectivas las bajas.
Este plan se inició en 2024 a raíz de las irregularidades detectadas en la tramitación de las pensiones. De las 22.417 pensiones auditadas el año pasado, solo el 20% cumplió con los requisitos establecidos, lo que evidencia la magnitud del problema. También se pudo detectar que 150 personas fallecidas y 212 presos cobraban una pensión por discapacidad. Incluso, el pasado octubre se logró capturar a 14 prófugos de la justicia que percibían este tipo de pensiones. De acuerdo al cronograma de ejecución establecido, se espera contar con la evaluación de la totalidad de pensiones activas durante la primera mitad de 2025.
