El denunciante relató que se presentó en una empresa llamada “Viviendas San Juan”, dedicada a la venta de casas prefabricadas, con el objetivo de adquirir una. Ambas partes firmaron un contrato y el comprador abonó la suma de 13 mil pesos en efectivo. Los vendedores le aseguraron que la entrega de la casa se realizaría en un plazo de 30 días. Pasado este tiempo, el denunciante se contactó en reiteradas oportunidades con la empresa para coordinar la entrega de la vivienda. Pero desde la firma le informaron que existían diversos inconvenientes que habían retrasado la entrega.
Con el correr de los meses, la víctima perdió todo tipo de contacto con la empresa. Ante esta situación, el damnificado radicó una denuncia en la Secretaría de Defensa del Consumidor. Tras varias audiencias en las que la empresa ofreció infructuosamente la entrega de la vivienda, la víctima decidió iniciar acciones legales para obtener la devolución del dinero. En este contexto, contrató a una abogada que se reunió con un representante de la firma. Este último reconoció que no era posible la devolución del dinero, pero se comprometió a entregar la vivienda en un plazo de 48 horas. Sin embargo, este compromiso nunca se cumplió.
En un juicio abreviado llevado a cabo en el marco del Plan Piloto de Oralidad, presidido por el juez Ángel Amadeo Longarte, los dos acusados fueron condenados a tres meses de prisión de ejecución condicional.
El juez unificó la pena con una condena anterior impuesta al hombre en mayo de 2022 por los delitos de estafa (21 hechos) y coacción, lo que resultó en una pena única de tres años de prisión de ejecución condicional. En el caso de la mujer, la pena fue unificada con una condena previa, por nueve hechos de estafa, en el monto de dos años y ocho meses de prisión condicional.
El juez dispuso que ambos condenados deberán fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Presos y Liberados.
