Se van a cumplir dos años desde que Matías Desimone y empleados de IKBA fueron denunciados penalmente. Están imputados pero no se investigó el cierre interspectivo de la cuenta, ni la gran cantidad de rechazos de cheques sin fondos que les dieron a los damnificados. Actualmente, entre los juzgados de Garantías e Impugnación y la Fiscalía, se pasan el expediente uno al otro sin avance alguno.
SALTA17 de abril de 2019
A fines del año pasado, el abogado Javier Latorre puso en conocimiento la intención y voluntad inminente de Matias Desimone de concursar a la empresa IKBA, lo cual dejaría un tendal de afectados. Por ese motivo, desde hace dos meses aproximadamente, se inició conjuntamente con el Dr. Fernando Teseyra, cuatro pedidos de quiebra.
¿Por qué este pedido? El pedido obedece a que a medida que pasa el tiempo aumentan las posibilidades de vaciamiento de la empresa y de insolventarse. A la fecha IKBA no ha logrado presentarse en concurso, dado que no pudo reunir los requisitos legales para ello, no obstante, sigue disponiendo de los bienes activos de la empresa en detrimento de los damnificados. Con los pedidos de quiebra se busca remover a Matias Desimone y/o gerentes de IKBA de la administración y disposición de los pocos activos que quedan en la misma designándose un síndico para administrar y poder dar cumplimiento a todos los damnificados que se presenten en la quiebra a verificar su crédito.
De más está decir, que de concretarse esto perjudicaría también a la empresa, dado que ellos pretenden a través del concurso, seguir conservando la administración y eludir una vez más las consecuencias legales de la quiebra (inhabilitación para el comercio, desapoderamiento de bienes de la empresa, prohibición de salir del país, etc.)
Llamativamente el Estado a través de sus organismos, que tiene la responsabilidad de velar por o intereses de las víctimas, dilata injustificadamente todo avance de este tipo de pedidos. En el caso que nos ocupa, si bien las quiebras tramitan ante el Juzgado de Quiebra, las demoras ya no son atribuibles a aquel; sino al Juzgado de Minas y al Registro Público de Comercio e Inspección de Personas Jurídicas que no contesta oficios de mero trámite (cinco reiteraciones) que son indispensables para el avance del proceso de quiebra.
La Causa Penal
Desde Fiscalía de Delitos Económicos Complejos no se investigó jamás las 78 denuncias que el Dr. Carlos Morello, de Defensa del Consumidor le envió desde hace un año: el motivo de no investigar es claro, ya que al cotejar individualmente cada caso encontraremos patrones en común (incumplimiento previo) y luego una serie de convenios y acuerdos celebrados por el Matías Desimone con la clara intención de incumplirlos y ganar tiempo.
Es decir, utiliza un medio legal “el convenio” para convertirlo en un ardid o engaño válido para estafar. Esto lo observamos en todos los cientos de casos, que en caso de investigárselo como corresponde “en conjunto”; quedaría expuesto “el modus operandi” para la Comisión de Delitos y no como meros incumplimientos contractuales como pretende hacernos creer.
Es necesario, alertar sobre esta situación a todos los damnificados atento a que resultarán a futuro infructuosos todo tipo de reclamo judicial por incumplimiento contractual ya que al encontrarse abierto el proceso de quiebra, estos procesos funcionan como fuero de atracción siendo esta la única vía en la cual, las personas que se presenten en el juicio podrán reclamar, caso contrario será amen de una pérdida de tiempo en doble trabajo donde todo llevará a que deban verificar sus créditos en la quiebra.
De acuerdo con la investigación, captaba a jóvenes vulnerables en inmediaciones de un hogar terapéutico. Fue detenido luego de que amenazara a una de ellas, quien lo denunció por haberla mantenido cautiva durante tres meses en un galpón, donde fue explotada sexualmente.
Acorde al Plan de inversión 2024 de EDESA, se detallan a continuación los trabajos de ampliación y/o renovación de red eléctrica a realizarse entre el 25 de noviembre al 1 de diciembre
En la Sala VI del Tribunal de Juicio se desarrollan los últimos tramos de la audiencia de debate seguida contra cuatro personas acusadas por administración fraudulenta y estafas reiteradas en perjuicio de la Asociación Docente Provincial (ADP) y agremiados.
La Legislatura de Salta prohibió el uso de celulares en las aulas en todos los niveles educativos y modalidades. El Ministerio de Educación deberá dictar un protocolo en un plazo de 60 días a partir de la promulgación.
El domingo pasado, un hombre de 39 años ingresó a un hotel ubicado en Pasaje Zorrilla de la ciudad de Salta. Solicitó hospedaje por dos noches. Se le asignó la habitación número 127. Dos días después se retiró muy temprano, a las 6 de la mañana, y simuló haber pagado el importe de $43.200 mediante transferencia bancaria. Le mostró un comprobante falso a la recepcionista del hotel. La joven le tomó una fotografía con su teléfono celular y quedó confiada en que la habitación había sido abonada.
La dimisión, que fue calificada como "indeclinable", se da en el marco de un proceso judicial que enfrenta a nivel provincial.
El equipo del Muñeco Gallardo no encontró forma de superar a Independiente de Rivadavia, que si no hubiera sido por Armani, se traía una goleada de Mendoza. Sebastián Villa tuvo su partido soñado, y fue una pesadilla para Gattoni y González Pires, y como si fuera poco un festejo leve con la ametralladora fue suficiente para que varios jugadores millonarios sean protagonistas de un escándalo vergonzoso al final del encuentro. Gallardo quedó a punto de confirmar la sentencia de Don Quijote: "segundas partes nunca fueron buenas".
Desde que la justicia reactivó la investigación la desaparición de María Cash, al detectar maniobras sospechadas de desviar la pesquisa, se llegó a la imputación de un abogado que había testimoniado en la causa. El fiscal Eduardo Villalba aclaró que "la investigación del caso nunca se paralizó" y confirmó que el escenario de la desaparición sigue siendo Salta.
Guido Giacosa, dirigente del PJ, estuvo en De Buena Fuente, donde habló sobre una reunión en la que presentaron un documento solicitando la renuncia de diputados nacionales que “ocupan bancas en nombre del partido y votan en contra del pueblo”.
En De Buena Fuente, Jorge Altamira, dirigente de Política Obrera, se refirió al memorándum que firmará el Gobierno de Javier Milei con Israel para combatir "el terrorismo y las dictaduras".
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