Se obliga a las universidades a usar plataformas de compras electrónicas y se eliminan contrataciones directas con el Estado. La UBA mostró resistencia y llevó el caso a la Justicia.
NACIONALES14 de diciembre de 2024 El Expreso de Salta
El Gobierno nacional anunció la implementación de nuevas medidas que modificarán la gestión administrativa y financiera de las universidades públicas. Las disposiciones, que forman parte de un conjunto de decretos, establecen la obligatoriedad de que todas las universidades utilicen las plataformas COMPR.AR, CONTRAT.AR y e-SIDIF para la compra de bienes, la contratación de servicios y la administración financiera. Actualmente, solo la mitad de las universidades del país utilizan estos sistemas, lo que, según el subsecretario de Educación, Alejandro Álvarez, “atenta contra la transparencia y la rendición de cuentas”.
Otro de los cambios clave es la eliminación de las contrataciones directas entre organismos públicos y universidades, salvo cuando estas acrediten ser el único proveedor disponible. Según Maximiliano Fariña, secretario de Transformación del Estado, la medida busca terminar con “un privilegio irrazonable” que afecta la transparencia en las compras públicas. El Gobierno sostiene que muchos de los más de 2.000 convenios firmados entre 2022 y 2023 para consultorías, asistencia técnica e investigación fueron utilizados para financiar actividades políticas o evadir controles. "El objetivo es que las universidades dejen de ser consultoras privilegiadas del Estado", enfatizó Fariña.
A pesar de la resistencia de algunas instituciones, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), que llevó la medida a la Justicia, el Gobierno aseguró que estas normas no atentan contra la autonomía universitaria. Según Fariña, las universidades pueden decidir cómo gastar sus presupuestos, pero deben someterse a las mismas normas de transparencia que cualquier otro organismo estatal, ya que los fondos provienen del presupuesto público. La implementación de los cambios será gradual y estará a cargo del Ministerio de Transformación del Estado, la Secretaría de Hacienda y la Oficina Nacional de Contrataciones. Con estas medidas, el Gobierno busca optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la rendición de cuentas en el sistema universitario.
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