La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), Ana Inés Salinas Odorisio, imputó provisionalmente a otras nueve personas por el delito de explotación y organización de juegos de azar ilegales en el marco de una investigacion sobre apuestas virtuales no autorizadas. La red involucra a captadores de apostadores en redes sociales y personas que actúan de “cajeros” en distintas provincias.
Durante la audiencia, las cuatro mujeres y cinco hombres imputados fueron asistidos por abogados particulares. Ocho de ellos se abstuvieron de declarar y de responder a las preguntas de la Fiscalía, mientras que uno de ellos, presentó su declaración por escrito.
Otro hombre, detenido desde el 11 de noviembre pasado, también fue imputado por el mismo delito.
La investigación inició con la denuncia del un asesor Jurídico del Ente Regulador del Juego de Azar (EN.RE.JA.), quien informó que una mujer promocionaba por medios masivos de comunicación, su red de captación de apuestas y vendedores para un casino virtual ilegal. A partir de esta denuncia, y durante varios meses, los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, bajo la dirección de Salinas Odorisio, llevaron a cabo trabajos de campo en distintas provincias e intervenciones telefónicas a los sospechosos durante 15 días.
Cabe destacar que, durante la investigacion, se utilizó la figura del “Agente Encubierto Digital” durante 60 días, en medios de comunicación informáticas y juegos en línea, con el fin de simular interés en los “casinos online”. Esta estrategia brindó a los investigadores herramientas y datos concretos que posibilitaron conocer con mayor certeza la operatoria desplegada por los sospechosos tanto en nuestra ciudad como en el interior del país.
A solicitud de la fiscal Salinas Odorisio, se realizaron múltiples allanamientos en Salta, Buenos Aires, Tucumán y Mar del Plata, y se inmovilizaron 253 cuentas bancarias pertenecientes a los acusados. Ademá, la Secretaria de Modernización de Salta implementó el bloqueo de todos los sitios web desde los establecimientos educativos de la provincia, donde los implicados operaban.
