Esta vez la protagonista fue la concejal Carolina Guantay, quien por razones que se desconocen, se interpuso cuando personal de Tránsito municipal intentó cobrar la tasa municipal a un vehículo dedicado al tour de compra. La concejal argumentó que el cobro era ilegal y permitió que el vehículo se retirara sin cumplir con la ordenanza vigente. El titular de Tránsito lo denunció en los medios y no se sabe si le correspondería alguna sanción.
INTERIOR 03 de junio de 2024
Un nuevo escándalo político pone a la ciudad de San Ramón de la Nueva como el centro de atención de los hechos públicos vergonzosos. Esta vez, una concejal excediéndose de su responsabilidad como funcionaria pública, se entrometió en un procedimiento de rutina de personal de Tránsito y evitó un pago de la tasa municipal que se cobra a los vehículos que realizan viajes de tours de compras a esa ciudad. Quizás el valor de la tasa no sea tan importante como lo debe ser el orden y el respeto institucional que marca el funcionamiento de una vida democrática. De lo contrario, cualquier podría pensar que, en la ciudad fundada por el General Pizarro hace unos 240 años, se puede hacer lo que uno quiera sin respetar pelo ni marca.
Según lo comentó el jefe de Tránsito, José Homez, la concejal Carolina Guantay, al grito de “esa tasa es ilegal”, interrumpió el accionar de personal municipal y desconcertó al conductor del vehículo, que aprovechando la insólita discusión, se tomó las de villa Diego sin realizar el correspondiente aporte.
¿Puede una concejal inmiscuirse en los procedimientos municipales? ¿No está acaso su función limita a la importante labor de crear o proponer normas para un mejor funcionamiento de las instituciones públicas de la ciudad)
Si se permiten estos atropellos, de pronto los ciudadanos en la premura que impone el ajuste libertario, podrían concurrir en bandada a pedir la intervención de Guantay para evitar el pago de los impuestos municipales que la concejal considere “legales”.
Según Homez, la denuncia quedó asentada en la policía de la ciudad y se han labrado las actas correspondientes “por facilitar la fuga de un tour de compras”.
Si no hay una medida disciplinaria, la ciudad de Orán puede verse sumida en un grave desorden político, justamente lo que no hace falta en estos tiempos de atropellos libertarios a las instalaciones estatales.
En el mes de agosto, la Ciudad de Orán se prepara para festejar los 230 de aniversario con una cartelera muy importante presentada por el intendente Baltasar Lara Gros.
Podrán donar, personas de entre 16 y 65 años, con documento de identidad y sin estar en ayunas. También se registrará a voluntarios para potencial donación de médula ósea.
El anuncio se dió en Luis Burela del municipio de Anta, donde el Gobernador dijo además que se realizarán otras obras en las RP 52 y 41. Además recorrió la primera etapa de iluminación en la ruta 5 desde Saravia a Burela.
Las beneficiarias son 22 familias de las localidades de San Ramón de la Nueva Orán, Pichanal y Colonia Santa Rosa.
El accidente vial ocurrió esta mañana en RN 9 a la altura de la escuela de La Calderilla.
Podrán donar personas entre los 16 y 65 años, con documento de identidad. Se recomienda no concurrir en ayunas y estar bien hidratado.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.