El diputado provincial afirmó que en el caso del control a las empresas mineras, sí es necesario un Estado presente. Reconoció que hay empresas que trababaj bien y otras reciben denuncias. Y le pidió al gobernador que instruya a sus funcionarios para que controlen más.
DE BUENA FUENTE 27 de mayo de 2024
El diputado provincial Roque Cornejo Avellaneda advirtió en De Buena Fuente, que en materia de control a las mineras “tiene que haber un Estado presente”. Lo dijo en relación a la muerte el fin de semana de un operario de una mina que murió por una neumonía en plena jornada laboral en el frío de la Puna.
“Justamente para eso tenemos una Secretaría de Minería, una Secretaría de Trabajo, de Ambiente, e incluso estamos los propios legisladores para realizar los controles”, dijo.
El legislador pidió visitar a las distintas mineras y solo una contestó. “Pude constatar que hay lugares donde realmente se trabaja muy bien, en Manfield. Pero evidentemente por las noticias que circulan, hay irregularidades que no deben suceder. Entonces la pregunta es ¿cuándo se trabaja desde la prevención? ¿Cuál fue la última visita que tuvo ese emprendimiento de los organismos oficiales?”.
Cornejo reveló que “Remsa termina tapando los agujeros de las empresas de agua, de gas, de energía eléctrica, y no ocupándose de sus objetivos. Llama poderosamente la atención”.
Asimismo, destacó que en materia minera tienen que trabajar todos los actores, desde la Cámara de Minería y el Estado provincial, hasta los legisladores. “Esperemos que el gobernador tome cartas en el asunto e instruya a sus ministros, y cada uno de a sus secretarios, para que realicen el trabajo de prevención y cuáles son las condiciones que están trabajando los salteños que están ahí”.
El directivo Adrián Amen advirtió que el Ente de Juegos de Azar tiene en las Fiscalías de la provincia 280 denuncias. Aunque cuestionó que “no avanzan”. Entre esas denuncias paralizadas, está la que abrieron contra José García por promocionar el juego online ilegal.
La histórica dirigente peronista y diputada nacional en los años de Menem, se expresó abiertamente en contra del proyecto que impulsa el gobierno de Javier Milei. Y expresó su temor de que el “aumento de las dietas en el Senado pueda jugar en este momento en el tema de la votación”.
El diputado de San Martín mostró sus dudas sobre la conveniencia del proyecto de permitir que los diputados ejerzan como abogados. Monteagudo lo objetó porque observa que se mezclarían “intereses” e “influencias” en un diputado que es abogado y pueda litigar en ciertas causas, como contra el Estado.
La dirigente social afirmó que concurrirán a la audiencia pública de SAETA para pedir que no suba el boleto. Y pidió mirar también al interior al señalar que una venida desde Tartagal con una persona enferma puede costar unos $100.000.
La Dra. Cristina Sánchez Wilde remarcó en el programa de Marcela Jesús, que los médicos que estén categorizados en el padrón B pueden cobrar libremente un plus al paciente.
El abogado y titular de uno de los Registros del Automotor de Salta, Luis Diego Zavaleta, afirmó en De Buena Fuente, la decisión del Gobierno nacional de cerrar gran parte de los registros está firme porque el DNU 70 sigue vigente, aunque expresó que ve la medida “todavía en una nebulosa”.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.