La ex legisladora nacional defendió al Estado presente como garante de los derechos a la salud, educación y seguridad a la población. Por eso destacó que la inversión que se destina al gasto público es “ínfima” y a la que consideró “una inversión”.
DE BUENA FUENTE 07 de mayo de 2024
La dirigente social y diputada nacional (Mandato Cumplido), afirmó en De Buena Fuente que el Estado Nacional “destina solo un 8% de todas las riquezas que generamos como país, del Producto Bruto Interno, en el gasto público. O sea, es una cifra muy pequeña”.
Caliva aclaró que el gasto público “es todo lo que invierte el Estado en nuestra sociedad para que funcione” y para que derechos como la salud, la seguridad y la educación sean garantizados a la población.
El Estado, dijo, “nos cura y nos atienden un hospital, en una emergencia de salud, nos dan educación, una docente, un docente, un profesor, un científico educan e investigan para el desarrollo integral de la Nación y para formar a sus ciudadanos y ciudadanas”.
Caliva citó otros derechos como la seguridad y el gasto que demanda y forma parte de ese 8%. “La Gendarmería que cuida la frontera, las fuerzas de seguridad, nuestras Fuerzas Armadas para la defensa del país”, dijo, para subrayar que “es ínfimo en términos de gasto, porque en realidad es una inversión”.
La dirigente social finalmente defendió la presencia del Estado, al señalar que “la política y el Estado están en estas sociedades modernas para garantizar los derechos de ciudadanía y organizar la vida social”.
El gremialista destacó las numerosas obras que está ejecutando el sindicato de los sanitarios para beneficio de los trabajadores. SUTOSS tiene obras en ejecución y próximas a inaugurar en San Carlos, Rosario de la Frontera y en esta capital.
El presidente de la empresa estatal destacó que la minería hoy está generando unos 30.000 puestos de trabajos directos e indirectos en Salta. Y afirmó que continuamente se está creando trabajo desde el sector, desde las mineras como desde las empresas proveedores.
Miguel Leguina, el padre de los pequeños víctimas de un atroz doble crimen, dijo que nunca tuvieron apoyo de ningún tipo del Gobierno, ni asistencia psicológica ni económica. Solo vio profesionales cuando lo interrogaban, como si fuera el culpable.
El dirigente de la UCR salteña consideró que el Gobierno debe encontrar el equilibrio para el país, pero con el diálogo. Se mostró en desacuerdo con reformas incluidas en la Ley de Bases, y dijo que no se puede gobernar mediante DNU.
El ex presidente de la Cámara baja salteña, dijo que ni la Ley Bases ni el RIGI benefician a Salta, una idea contraria a la de Sáenz y sus diputados nacionales. Alertó sobre el peligro del extractivismo citando el caso de Andalgalá. Y dijo que el litio “no es eterno, se acaba y el problema es qué dejan”.
La titular de la cartera de Educación destacó el acompañamiento del Gobierno a la comunidad de La Poma. Dijo que la Justicia investiga el caso. Y confirmó que no había ningún informe técnico que alertara sobre la existencia del pozo en el predio de esa escuela de la Puna.
A pesar del recorte de Nación, el secretario de Deportes, Sergio Chibán encabezó la reunión anual con directores de Deportes del interior y capital para manifestar que se va a realizar durante el segundo semestre el torneo Evita y Cebollitas.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.