El Gobierno refuerza el acceso a los servicios públicos en instituciones educativas. En el marco de la firma de convenio entre el Ente Regulador de Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Social, se entregaron nuevos depósitos de agua para garantizar el servicio en diferentes escuelas de Joaquín V. González.
INTERIOR20 de marzo de 2024
Francisco Rendon ReaCon la firma de un convenio marco entre el Ente Regulador de Servicios Públicos y el Ministerio de Desarrollo Social se lograron articular entregas de depósitos de agua segura de 1.100 litros para escuelas de Joaquín V. Gonzales que se encuentran en zona rural.
El operativo estuvo encabezado por la coordinadora general del Ministerio de Desarrollo Social, Dolores Montarcé en las escuelas N°4.264 Lola Mora, N° 4.061Santa Teresa, N°4.062 Santa Rita, N° 4.302 La Argentina, N° 4.287 La Floresta y N° 4.682 Belisario Carranza.
Desde el Ministerio de Educación se indicó que el objetivo es contar con agua segura en todas las escuelas de la Provincia, para el oportuno consumo de los estudiantes.
Con este convenio rubricado por el Ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi y el presidente del Ente, Carlos Saravia se desarrollan planes y entregas de depósitos seguros de agua además de la posibilidad de regularización de conexiones domiciliarias de servicios públicos en toda la Provincia, garantizando acceso a los sectores vulnerables y a los que a la fecha no integran el conglomerado de usuarios y revisten el carácter de potenciales usuarios por diversas causales.
También se desarrollan acciones conjuntas para extender los servicios públicos donde estos no existan o no se presten en las condiciones de calidad y protección del interés de los usuarios, y en particular de los más vulnerables.
En tanto desde el Ministerio de Desarrollo Social se articulará con el Ente la posibilidad de brindar subsidios a vecinos carenciados y titulares de comedores o merenderos en las facturas de energía eléctrica con un porcentaje que se determinará luego de un abordaje social.
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Imputó a nueve personas mayores de edad por su presunta participación en una asociación ilícita destinada a cometer de manera reiterada delitos de abigeato, faena clandestina, transporte, acopio y comercialización ilegal de carne, en perjuicio de productores rurales del Valle de Lerma y de la salud pública.
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