El consultor consideró que "tenemos un gobierno acostumbrado a gastar lo que tiene más lo que le mandan". Sin partidas extras de Nación, vaticina meses críticos para Salta y los intendentes
DE BUENA FUENTE 07 de febrero de 2024
La pulseada entre el Gobierno nacional y las Provincias, que derivó en volver a comisión y a foja cero el proyecto de Ley Ómnibus de Javier Milei, abrió las aguas en el escenario político nacional.
“Hasta que eso no se resuelva Salta a vivir momentos muy críticos y difíciles”, dijo esta mañana el consultor Julio Pizetti en diálogo con De Buena Fuente. “Salta no va a contar con los fondos que tradicionalmente tenía de Nación. Y tenemos un gobierno acostumbrado a gastar lo que tiene más lo que le mandan. Y en este momento no habrá lo que le mandan, habrá solamente lo que se tiene”, agregó.
El analista consideró que “la guerra que inició” ayer entre el Gobierno central y los gobernadores abre una etapa difícil para la Provincia y para los Municipios. “Se vienen meses muy duros”, aseveró Pizetti quien subrayó que la Nación quiere que las Provincias hagan su parte del ajuste, “y los que quedamos en el medio de esta pelea somos los argentinos”.
Pizetti calificó a la Provincia como “altamente dependiente del Tesoro nacional. En Salta estamos acostumbrados a no funcionar con nuestro presupuesto nacional sino a recibir permanentemente aportes extras nacionales como ATN u obras públicas”.
Esta situación ya asoma en fondos sociales y en obra pública, que ya se cortaron. De hecho, se paralizaron varias obras en la provincia y ya hubo despidos en este sector, como lo confirmó la Cámara Salteña de la Construcción. Un ejemplo es el proyecto de obra del puente del Río Vaqueros, que fue aplazado hasta nuevo aviso.
El vicepresidente de la Corte de Justicia de Salta se expresó en contra de que los legisladores abogados no puedan ejercer su profesión. “Los obliga a estar solamente en el ámbito de la política”, dijo. Y afirmó que sería mejor que “haya más movilidad” en la política y que “no tenga a los mismos toda la vida”.
El intendente de Orán detalló que recibió el municipio económicamente colapsado, con una deuda de $1.000 millones, embargos, deudas con bancos y proveedores, y “ñoquis” que cesanteó para reducir el gasto en sueldos.
La diputada nacional y presidenta del Bloque Innovación Federal, resaltó el rol de su bloque, negó que se vayan a fusionar con el de Pichetto, y criticó a los diputados de Milei por su nivel de obsecuencia diciendo “sí a todo como gallinas” o aplaudiendo “como focas”.
Están denunciados el ex presidente de la Panadería Social, Luis Emilio Fayón Medina, el ex empleado Andrés Nux, la ex secretaria de Desarrollo Social Silvia Varg, y el polifacético Aroldo Tonini. “Son las que observamos que tuvieron responsabilidad el manejo de la de la mercadería”, dijo.
La diputada nacional en los años ’90, sembró dudas cómo el oficialismo consiguió los votos para la media sanción de la ley Bases, al señalar que “ellos regalan departamentos”. Reveló el entramado de un sistema de presión discrecional que ejercían desde el poder para torcer voluntades.
El senador nacional salteño dijo que “no hay capitalismo sin consumo” y pronosticó que la caída actual del consumo puede tener su correlato en el crecimiento de la desocupación.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.