Piden jury de enjuiciamiento para los jueces Martini y Arias Nallar por la condena a Clemente Vera

El diputado provincial del PRO, José Gauffín presentó un pedido de jury de enjuiciamiento contra los miembros de la Salta III del Tribunal de Impugnación, doctores Luciano Martini y Rubén Arias Nallar, por haber condenado a Santos Clemente Vera a prisión perpetua, fallo que fue duramente cuestionado por la Corte Suprema de Justicia. "Tiene que haber una revisión de la actuación de la justicia salteña, porque sus acciones llevaron a que una persona esté 11 años de prisión por un error procesal", argumentó Gauffin.
SALTA27 de diciembre de 2023 El Expreso de Salta
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El diputado provincial hizo la presentación oficial el viernes a la mañana en carácter de ciudadano particular. "Este fallo es una enorme reprimenda al Poder Judicial de Salta", dijo en relación a la decisión de la Corte Suprema de Justicia.

La presentación la realizó el viernes 23 en el Poder Judicial de Salta. “Es importante que haya una revisión de la actuación de la justicia salteña, porque sus acciones llevaron a que una persona esté 11 años de prisión por un error procesal”, sentenció.

Para Gauffin, las consecuencias de este fallo “no deberían ser solamente la liberación de Vera” y consideró que “es importante que haya un análisis profundo y una revisión de lo actuado en la justicia provincial, para que no vuelva a ocurrir que una persona esté presa durante casi once años por un error procesal”.

Luego, señaló que el Tribunal de Impugnación “se arrogó una facultad que no le correspondía”, ya que, al resolver la apelación de la absolución de Vera en el juicio por el doble crimen, decidió hacer lugar al pedido y condenarlo a prisión perpetua, en vez de anular el fallo y pedir un nuevo juicio, por lo que incurrió en una "violación del Código Procesal Penal de la provincia".

El 11 de diciembre pasado, tras más de seis años de espera, Vera recuperó la libertad por orden de la Corte de Justicia de esa provincia, que se basó en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que el 7 de diciembre dejó sin efecto la sentencia a prisión perpetua que se le había dictado en 2016.

La Corte Nacional dispuso que "se hace lugar a la queja, se declara procedente el recurso extraordinario y se deja sin efecto la sentencia apelada".

A la hora de resolver, los magistrados tuvieron en cuenta el pedido del procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien en 2020 emitió un dictamen en el que opinó que "corresponde hacer lugar a la queja interpuesta" y "declarar parcialmente admisible el recurso extraordinario".

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