El Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y Ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, advirtió la incertidumbre surgida por lo dispuesto por Luis Caputo, ministro de Economía de la Nación, que anunció que reducirá al mínimo las transferencias a las provincias. Remarcó que éstas se tratan de programas nacionales por 45 mil millones de pesos de los que se desconoce su continuidad.
DE BUENA FUENTE 22 de diciembre de 2023 El Expreso de Salta
El Coordinador de Enlace y Relaciones Políticas y Ministro de Infraestructura, Sergio Camacho, estuvo en el programa De Buena Fuente y se refirió a la situación de la provincia y lo fondos nacionales, de cara a las medidas del gobierno de Javier Milei.
“Cuando hablan de las transferencias a las provincias nacionales, son los programas de asistencia críticas, son los programas que bajan en Educación, son los programas que bajan en Salud, son los programas que bajan en Desarrollo Social”, advirtió el ingeniero. “Aquí hay mucha gente que cobra sueldo de Nación y que el fomento de los programas desde lo económico baja de Nación”, resaltó Camacho.
Al respecto, remarcó que estos programas nacionales abarcan alrededor de 45.000 millones de pesos. “Ahora van a bajar todo, no sabemos si continúa, falta la letra chica”, señaló.
En este sentido, dijo: “En Salta hay gente que pertenece al gobierno nacional como puede ser Vialidad Nacional, Radio Nacional; que son plantas permanentes del Estado. Ahora estos programas específicos tienen contrato hasta el 31 de diciembre. Sería bueno que le avisen a la gente desde Nación, para que sepan que va a pasar”.
“No queda claro que va a pasar”, lamentó sobre las medidas nacionales
El titular del organismo de deportes del municipio capitalino, resaltó que la premisa de promover la actividad física de manera segura y responsable, y la buena alimentación, para generar mejor calidad de vida de la ciudadanía.
El titular del Consejo de Ciencias Económicas dijo que estiman que 8 de cada 10 Pymes afrontarán juicios de ejecución fiscal. La cifra da cuenta de la crisis del sector. Esperan una respuesta afirmativa de Rentas para suspender juicios.
El diputado nacional afirmó que el Gobierno de Milei apuesta a que el plan de Caputo funcione y “empiece todo un proceso de reactivación y crecimiento” y los despedidos sean absorbidos, indicó. Y resaltó que en seis meses no se pueden corregir lo hecho en los últimos veinte años en nateria económica en el país.
El ex presidente de la Cámara baja salteña, dijo que ni la Ley Bases ni el RIGI benefician a Salta, una idea contraria a la de Sáenz y sus diputados nacionales. Alertó sobre el peligro del extractivismo citando el caso de Andalgalá. Y dijo que el litio “no es eterno, se acaba y el problema es qué dejan”.
El titular de uno de los Registros locales, dijo que actualmente las seccionales llevan doble archivos de cada dominio, en papel y digital. Y consideró que la medida del Gobierno de digitalizar completamente los Registros, no es buena ni oportuna, por la falta de conectividad y educación digital.
El titular de la estatal REMSa afirmó que “si el RIGI queda como salió del Senado, sí va a fomentar las inversiones. Si se cambia y vuelven a redacción original, nos puede traer problema”. Rechazó la idea del oficialismo de retrotraer a la versión de Diputados, que avasalla autonomías.
Según el abogado de la familia de la víctima, Dr. Agustín López, habría sólidos indicios de que Leiseca, un hombre con antecedentes policiales, fue el autor de la certera puñalada que terminó con la vida del joven Ignacio Alejandro Quipildor (22) padre de una nena. El hecho ocurrió el pasado 16 de juliio. Angel Francisco Leiseca fue detenido. La familia pide que se haga justicia y que el autor tenga la condena que se merece, dijo el papá de la víctima, Enrique Quipildor.
Enrique Quipildor estuvo en la Ciudad Judicial reclamando justicia para el crimen de su hijo Ignacio, y de paso contó que en su barrio se vende droga, "lo denunciamos, sin embargo las autoridades no hacen nada", denunció. Además, pidió que el asesino de su hijo pague lo que tenga que pagar en la cárcel.
Se trata del barrio Ampliación Santa Ana II, donde varias familias compraron a Conciel, banco del Noroeste y banco Caseros, que se fueron a la quiebra y ahora los quieren desalojar.
Karina Miranda visitó el programa De Buena Fuente y dijo que el Vicegobernador Antonio Marocco declaró en medios de comunicación que el proyecto de expropiación “no fue tomado con seriedad porque fue un año político”.
El gobierno vetó la Ley de Expropiación que fue aprobado en el 2023 y ahora vecinos del barrio Ampliación Santa Ana II exigen que la provincia expropie y después pagarle al IPV como decía el proyecto.