La concejala de La Merced, Gabriela Pérez, afirmó que la posibilidad de un juicio político para el intendente del municipio está planeada, sin embargo la oposición no cuenta con quórum para hacerlo efectivo. Pese a ello, el sólo hecho del requerimiento causó temor en Javier Wayar.
DE BUENA FUENTE 29 de noviembre de 2021
Redacción El Expreso de Salta
La concejala Pérez advirtió que el intendente Wayar está nervioso porque pesan sobre sus hombros denuncias de irregularidades financieras."De hecho el Concejo Deliberante rechazó la cuenta general del ejercicio del año pasado por un dinero que no se no se reflejaba en la cuenta, habíamos solicitado al Gobierno de la Provincia información sobre las partidas que habían enviado al municipio y no coincidían. Eran cifras millonarias de 13 millones de pesos algo así para hacer el Cristo, también para la plaza principal pero eran obras que ni siquiera tenían una planificació. No sabíamos que querían hacer ni como lo iban a hacer" ,dijo Pérez.
La Carta Orgánica dice que se debe presentar el plan de obras para aprobarla en el presupuesto. "Cuando nosotros analizamos el presupuesto pedimos esa información al municipio tres veces y como nunca la enviaron decidimos no aprobarlo, porque eran obras muy grandes con montos millonarios. No podemos aprobar nosotros un presupuesto a ciegas. Igualmente comenzaron con esta obras pero no informan al Concejo", añadió.
En tal sentido no descartó la posibilidad de un juicio político en la Merced aunque ve difícil que se apruebe debido a la conformación del Concejo, "hemos presentado una ordenanza para reglamentar el juicio político y generó mucho enojo y miedo. Nosotros no tenemos los dos tercios como para poder votarlo pero si tenemos todas las pruebas", finalizó.
Cervera condicionó la negociación salarial de hoy con el Gobierno, a la respuesta satisfactoria que reciban sobre las liquidaciones del último acuerdo de 2023. Todos los gremios estatales coinciden en el planteo
En su columna, el Dr. Pedro Burgos, contó el caso de una empresa de gas de la provincia mediterránea. La Justicia comprobó que “el empleador quiso reorganizar su empresa de manera abusiva y fraudulenta” pretendiendo despedir a trabajadores por su edad.
La dirigente del Polo Obrero se preguntó si ese gasto es necesario, y a cuántos niños y a cuántos ancianos podría beneficiar con alimentos. Y cuestionó que Milei con la Ley Bases y la eximición impositiva de los grandes inversores, beneficiará más a los sectores empresariales.
El senador güemense reconoció que por un viejo litigio con la central térmica, el municipio no recibe un peso en impuestos. Buscan una solución
El ex vicegobernador fue crítico con la política económica de Milei y su déficit cero: “es como decir que ahorramos porque comemos una sola comida al día y no pagamos ningún servicio”. Y dijo que “de la inflación se sale produciendo riqueza y generando más trabajo"
El titular del área de obras públicas de Salta, señaló que con el sistema municipal actual contratar una obra de arreglo de calles demanda 70 días; mientras que el proceso express que impulsa el Municipio le llevará 10 días. “La transparencia no está en juego en esto”, dijo.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.
El diputado capitalino buscará reactivar la investigación sobre el FRH. “No puede ser que nos estemos endeudando de nuevo para pagar este tipo de préstamos, cuando no sabemos qué se hizo o a dónde se fue esa plata”, aseguró.