La justicia comercial decretó la quiebra del Correo Argentino SA, una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje, al entender que la oferta realizada por la compañía postal "solo representaba el 100% de la deuda a los ojos de la propia empresa", pero "no abarcaba el valor actual de la misma”
NACIONALES 05 de julio de 2021 El Expreso de Salta
La jueza en lo Comercial Marta Cirulli tomó la decisión luego de que fuera rechazada una nueva propuesta de la empresa postal que no satisfizo el interés del Estado Nacional, acreedor Categoría A, según surge del fallo de 44 páginas al que tuvo acceso Télam. Cirulli señaló en su fallo que la oferta realizada por la concursada sólo representaba el 100 por ciento de la deuda a los ojos de la propia empresa pero que no abarcaba el valor actual de la misma.
"A lo largo de todo ese tiempo variaron sensiblemente los indicadores económicos y sobrevinieron sucesivas devaluaciones de nuestro signo monetario con gran pérdida del valor adquisitivo, lo cual es de conocimiento público. En esa situación, no podría razonablemente suponerse que aquellos acreedores Categoría C -antes aquiescentes- aceptarían ahora la llamada mejora de propuesta, tratándose de créditos devengados hace dos décadas", sostuvo la jueza.
"No encuentro ahora -como no encontré el 18.3.2010- mérito para calificar al Estado Nacional como acreedor ´hostil´ tal como se irá viendo", sostuvo la jueza al rechazar las acusaciones que había lanzado la empresa de los Macri contra el Estado Nacional, y más precisamente contra la Procuración General del Tesoro, en el expediente del concurso. Cirulli resaltó en su fallo que "el ofrecimiento de la concursada presume de satisfacer íntegramente el único crédito Categoría A, en el 100% del capital nominal ($296.205.376,49), más intereses", pero a la hora de calcularlos recurre a una tasa que no puede compensar "ni remotamente lo adeudado por falta de pago de los cánones mensuales, devengados -cuando menos- desde el año 2001 hasta el cese de la concesión del servicio postal, dispuesta en el Decreto N° 1075/2003 del 19.11.2003".
En sus últimos intentos, el Correo Argentino S.A. había ofrecido pagar mil millones de pesos por una deuda que según los cálculos del Estado y del Ministerio Público Fiscal supera los cinco mil millones de pesos.
El concurso de acreedores del Correo Argentino inició en 2001 cuando la empresa del Grupo Macri ya había dejado de pagar hace años el millonario canon que le correspondía para poder explotar la concesión del correo oficial.
Durante el gobierno de Mauricio Macri, el Estado aceptó una oferta del Grupo Macri para pagar la deuda en 15 cuotas pero la fiscal de la Cámara Comercial Gabriela Boquín determinó que era ruinoso para las arcas del Estado.
En medio de un momento delicado en cuanto a lo social y en una semana en la que se habría conocido un aumento porcentual en el salario de los diputados, la exministra de desarrollo social hizo público en redes los aumentos.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, detalló cuál sería el mínimo no imponible que será incluido en el paquete fiscal que Javier Milei espera aprobar junto a la Ley Bases.
Desde el presidente Javier Milei, sus ministros, y los medios afines protagonizan una creciente campaña mediática para frenar la medida de fuerza que mostraría el desagrado de la gente con el despiadado ajuste que está aplicando el actual gobierno con la promesa de obtener soluciones dentro de 15 años. El principal argumento es comparar un paro genero en otros gobiernos, sin mencionar que ningún otro gobierno como el actual ataca tanto a la población trabajadora, mientras favorece a las grandes multinacionales y mantiene privilegios políticos.
El Ministerio que conduce Sandra Pettovello retomó las licitaciones a través de las normas de la Organización de Estados Iberoamericanos. Aseguran que los precios testigo bajaron 30%.
La inflación superior al 20 por ciento mensual hace estragos sobre el poder adquisitivo y provocará que la jubilación mínima en la Argentina alcance en febrero un valor real -en términos de poder de compra- inferior al registrado durante la crisis económica del 2002, considerada la peor de su complicada historia.
El gobierno de Javier Milei viene de fracaso en fracaso con la ley ómnibus: como no pudo imponerse sobre las provincias, mandó al ministro Luis Toto Caputo a amenazar a los gobernadores con retacearle fondos si sus diputados no aprueban el proyecto; y por otro lado, el miércoles se conoció que los diputados firmaron un texto como dictamen de mayoría, que después fue cambiado por el gobierno. Cae el apoyo y la oposición apura el tratamiento.
En el marco de la causa contra siete jefes del Servicio Penitenciario, acusados de cobrar coimas para beneficiar detenidos, la Policía de Salta y el CIF, allanó el domicilio del Subdirector General del Servicio Penitenciario, Francisco Martínez.
El ministro de Seguridad de la provincia de Salta, Marcelo Domínguez, estuvo en la cámara de Diputados, para exponer el proyecto de obra, que beneficiaría no solamente al penal de Villa Las Rosas, sino también, a la localidad de Metán, por la súper población que allí existe en las celdas.
El diputado provincial lamentó el hecho porque desprestigia a la actividad. “Después se hace difícil convencer a las comunidades que la minería es algo bueno”. Y pidieron desde la Comisión de Minería que al Ejecutivo que explique si “se están respetando las leyes”.
El legislador que preside la comisión de Minería, alertó que, más allá de que desde el Gobierno les decían que venían haciendo controles y que las empresas cumplían, “lo de Posco pasó en Güemes, enfrente de todos”. Pidió sanciones fuertes si se comprueban irregularidades.
El diputado provincial por la Capital, dejó entrever que el ex gobernador en 2011 usó el FRH para la campaña para su hermano que era candidato a senador. Y que el segundo crédito “fue un préstamo político que se usó para la campaña de 2015. “Estamos pagando una deuda por obras que no se hicieron”, aseguró Romero.