Dantur redobla la apuesta y denuncia a Simesen por incumplimiento de deberes

La batalla jurídica entre el auxiliar fiscal de Anta, Sergio Dantur y la fiscal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, parece no acabarse nunca. Días atrás, el juez del tribunal de impugnación Luciano Martini echó por tierra la prueba fundamental de la causa contra Walter Mamaní al decir que no se había secuestrado el teléfono del imputado como marca la ley. Además, el magistrado pidió el apartamiento de Simesen por la presunta irregularidad en el proceso. La situación causó una pelea por al división de poderes y la fiscal salió al cruce con todo el aparato del Ministerio Público a decir que no la estaban dejando investigar.

El pedido de Martini recayó en el despacho de la fiscal penal 2, Mónica Poma quien desestimó y archivó la averiguación preliminar iniciada contra Simesen en el marco de la causa caratulada "Mamaní, Walter Ezequiel y otros, sobre abuso de armas, privación ilegítima de la libertad apelaciones garantías con preso". Poma concluyó que no existieron elementos de convicción suficientes para tener por configurados los extremos típicos de figura penal alguna. Además, Poma recordó que el propio Dantur autorizó y consintió la inspección ocular de su teléfono desde el inicio de la investigación, sin informar que se trataba del equipo personal y no del oficial, aunque su defensa utilizara ese supuesto error como estrategia posteriormente.

Ahora, a un día de la noche buena, Sergio Dantur con su abogado Ricardo Albornoz, redoblan la apuesta y son ellos los que denuncian a Simesen por incumplimiento de deberes de funcionario público. En la denuncia se afirma que al auxiliar fiscal de Anta, no se le confirió información sobre las garantías mínimas antes de secuestrarle los celulares tanto oficial como privado, que "fue engañado" para aportar su teléfono celular, lo que constituye una técnica excluida de la ley y que, en base a todo esto, fue imputado penalmente por el contenido de los mensajes extraídos del celular.

"El art. 153 del Código Penal establece que será reprimido con prisión de quince días a seis meses el que abriere  accediere indebidamente a una comunicación electrónica, una carta, un pliego cerrado, un despacho telegráfico, telefónico o de otra naturaleza, que no le esté dirigido...", advierte la denuncia contra Simesen y añade que si se trata de un funcionario público quien abusare de sus funciones, sufrirá además, inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena.

Finalmente, Dantur con su abogado solicitan que se tenga interpuesta la denuncia en términos de noticia criminis y que se cite a prestar declaración testimonial a la fiscal Celeste García Pisacic y a la auxiliar fiscal Yonny Elizabeth Zigarán.