“Mi nombre es Ana María Carriquiry, soy la jueza de familia número dos de Orán, desde hace dos años”... Así comienza el anexo de tres páginas en las que la jueza, que tramitó la acción de amparo colectiva presentada por ciudadanos de Orán, se dirige a la ciudadanía de ese departamento. Su iniciativa rompe la jerga ilegible que utilizaron por décadas en la justicia. ¿Alguien más se animará?
JUDICIALES10 de noviembre de 2020 Redacción El Expreso de Salta
En las tres páginas la jueza usó una tipografía distinta a la usual en los escritos judiciales y recurrió a destacar párrafos usando recursos de diseño como negritas y subrayados. Se trata de caso en el que la jueza Ana María Carriquiry, hizo lugar a la acción de amparo colectivo presentada por un grupo de vecinos de Orán, y ordenó al Comité Operativo de Emergencia (COE), y a la Provincia se abstenga de solicitar, a través de sus Agentes, estudios de PCR, tests serológicos y cualquier otro de detección de COVID-19, como requisito para el desplazamiento de habitantes del Departamento de Orán.
A continuación se transcribe íntegramente la sentencia explicada por la jueza, en formato accesible:
A las señoras y a los señores habitantes
del Departamento Orán
de la Provincia de Salta:
Mi nombre es Ana María Carriquiry, soy la jueza de familia número dos de Orán, desde hace dos años.
Muchas veces las decisiones judiciales se expresan en textos muy largos y con palabras difíciles de comprender.
Siempre creí en una justicia cercana a las personas y por eso pensé que sería una buena idea contarles de forma clara, lo que decidí sobre el juicio que inició un grupo de vecinos de Orán.
Veintidós personas presentaron un pedido para poder ingresar a Salta Capital, porque se les restringía y limitaba el acceso y según ellos, les pedían contar con el resultado de costosas pruebas de coronavirus.
Luego, se sumaron 812 personas, que enviaron sus pedidos por correo electrónico. Los imprimí yo misma y los leí a todos.
Muchos eligieron contarme situaciones particulares que habían vivido, las que especialmente valoré al momento de decidir.
Pedí opinión a la institución a la que las señoras abogadas y los señores abogados pertenecen –Colegio de Abogados de Salta- y ellos acompañaron favorablemente su pedido.
Escuché a los funcionarios del Comité Operativo de Emergencia, Ministerio de Salud, Ministerio de Seguridad y Fiscalía de Estado, para que pudieran informarme al respecto.
Durante el juicio, se demostró que el Estado Provincial pidió estudios de coronavirus a los habitantes de Orán como requisito para ingresar a Salta y que demoró a un trabajador al costado de la ruta por varias horas, quien viajaba con tubos de oxígeno y con muestras de laboratorio para ser analizadas en la ciudad Capital.
Y tomé una decisión.
Encontré al Estado Provincial responsable de realizar actividades que, en los hechos, implicaron una discriminación a los habitantes de Orán.
Como Ustedes ya saben, en Orán no tienen acceso a muchas especialidades médicas y deben atenderse en Salta Capital.
Por eso decidí que ya no se les va a pedir pruebas de PCR ni test serológicos; los que, por su elevado costo, resultan imposibles de afrontar para la mayoría de la población.
Solo se les pedirá una declaración jurada.
En el caso de que no tengan acceso a una computadora, el Estado Provincial arbitrará los medios para guiarlos en la tramitación y facilitarles la impresión de las declaraciones juradas de circulación.
Si no poseen celulares con conexión a internet, el Estado Provincial no podrá exigirles que cuenten con la aplicación Salta COVID o similares.
El personal policial deberá procurar que los controles por motivos sanitarios se realicen en el menor tiempo posible.
Ordené al Estado Provincial realizar protocolos humanitarios para los casos en que las demoras en controles sanitarios superen los 45 minutos, en cuyo caso, deberán proporcionar refrigerios y contar con sanitarios químicos para las personas que esperan al costado de la ruta, la decisión de ingreso.
Ante la negativa de circulación o acceso a la Ciudad Capital, deben pedir que les den, por escrito (en papel) los motivos por los cuales se les deniega el ingreso.
Además, tendrán derecho a pedir inmediatamente la revisión de esa decisión, ante un superior (derecho a recurso).
Con esta decisión busco que les sean devueltos los derechos que se vieron vulnerados, en razón de las medidas dispuestas con motivo de la pandemia COVID-19.
Los insto a que sigan cuidándose y respetando las medidas de bioseguridad.
Cordialmente,
Ana María Carriquiry
Jueza
El hijo mayor de Vicente Cordeyro planteó dudas en torno a la teoría del suicidio que sostiene la unidad fiscal que investiga lo sucedido el 9 de octubre pasado, cuando desapareció el exjefe de Investigaciones de la Policía de Salta. Esta entrevista fue publicada originalmente en 26/11 en la versión PDF de El Expreso de Salta.
Los vecinos denunciaron la actividad ilegal que se venía desarrollando en un domicilio y luego la División Drogas Peligrosas realizó un seguimiento que confirmó que una banda liderada por una mujer de 77 años se dedicaba a vender droga, previo fraccionamiento. Y que tenía como distribuidores a unos tres menores. Los imputados, hasta ahora son cuatro.
La medida fue dispuesta ante los riesgos procesales de fuga y posible entorpecimiento de la investigación, dada la gravedad del hecho. En tanto, uno de los imputados continuará el proceso bajo arresto domiciliario.
Alejandra Carabajal fue asesinada por su esposo Raúl Antonio Tula, quien intentó desintegrar el cuerpo emulando una exitosa serie televisiva. A 20 años del femicidio, el detalle más escabroso fue recordado por Pedro García Castiella, actual Procurador General de Salta y por entonces abogado de la familia de la víctima.
El Procurador General de Salta, Pedro García Castiella, dijo que la muerte del comisario sería por suicidio y que por ahora no se puede conectar con el femicidio ocurrido en 2017. Sobre este último caso recordó que Cordeyro aportó información relevante que señalaba a su familia política y que no fue debidamente atendida. García Castiella afirmó que luego una unidad fiscal que trabajo en la causa Salas pudo probar que la teoría de Cordeyro era acertada y que el menor de los hermanos, el fallecido Javier Chino Saavedra, era el autor del crimen.
El Procurador General de Salta, Pedro García Gastiella, dijo que hay elementos suficientes para probar que el comisario Vicente Cordeyro se suicidó. En ese sentido dijo que los fiscales esperan información sobre el contenido digital del teléfono que incineró, lo que podría arrojar alguna respuesta sobre los motivos que tuvo para tomar la drástica decisión. Aclaró que todos los detalles de la causa serán comunicados en el corto plazo, cuando terminen de recolectar la información.
El corte se debe a la presencia de material sobre la calzada a la altura del kilómetro 85.
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El 6 y 7 de diciembre, de 10 a 22 horas, el Paseo Ameghino se llenará de espíritu navideño con espectáculos en vivo, talleres, feria de emprendedores, propuestas para toda la familia, la presencia de Papá Noel y la realización del Concurso del Pan Dulce Navideño.
El encuentro se llevará a cabo este sábado 6, de 10 a 21, en España y Juramento, con entrada libre y gratuita.