La reunión del martes que Martín Menem mantuvo con los aliados, con representantes de la UCR, del MID, de Provincias Unidas y de fuerzas provinciales como Argentina Federal, el bloque del misionero Oscar Herrera Ahuad, fue larga, pero terminó sin una respuesta de la Casa Rosada. Menem se comprometió a trasladarle los planteos al Ejecutivo y la firma se corrió al 11 o al 17 de noviembre. Los sectores más optimistas hablan del 17, lo que permitiría conservar la sesión del 18, aunque algunos dialoguistas no descartan que pase al 25.
Ese calendario deja al oficialismo sin espacio. Desde LLA confirmaron a PERFIL que los temas prioritarios para el último mes del Congreso son el Presupuesto, la reforma política, la Ley Malvinas y la reforma del Banco Central, y que quieren sacarlos antes de que termine el período ordinario. Pero la postergación de hoy, sumada a la visita del papa León XIV y a las elecciones de medio término en Estados Unidos, atrasa todo una semana. "No llegamos sino, buscaremos sesiones el 18 y el 25", precisaron.
En el entorno de Menem aseguran que van a hacer todo lo posible por llegar y evitar las extraordinarias, algo que contrasta con los tiempos que quedan, especialmente en el Senado. Entre los aliados y la oposición la expectativa es la misma: que el Gobierno llegue. "Vamos a llegar a un acuerdo", dijo un diputado dialoguista a PERFIL. En Unión por la Patria, en cambio, son más escépticos sobre el respeto de los tiempos: "Seguramente lo saquen, van a llegar porque ellos no respetan los tiempos, son capaces de dictaminar un día y llevarlo al recinto al otro día".
Obras, coparticipación, discapacidad y educación: todos los pedidos de los aliados
Lo que traban los aliados no es una única exigencia, sino una suma de pedidos que, en muchos casos, vienen de las gobernaciones. En la reunión del martes el PRO estuvo representado por Cristian Ritondo y Javier Sánchez Wrba, que llevaron pedidos del gobernador entrerriano Rogelio Frigerio, como bajar el IVA del 21% al 10,5% para la producción avícola, incluidos los huevos y sus derivados, y el reclamo del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, por la coparticipación de la Ciudad.
Ese último es el punto más duro con la Casa Rosada. Aunque en mayo hubo un acuerdo entre el ministro Luis Caputo y Macri para cancelar la deuda generada en el último año, siguen pendientes los pagos no realizados desde 2020. Fuentes legislativas contaron que el Gobierno propuso resolverlo por fuera del Presupuesto, y que en el bloque del PRO lo rechazaron.
La lista incluye una nota con la firma de Ritondo: bajar el impuesto a los combustibles, publicar inversiones, plazos y tarifas de las concesiones viales, con informes trimestrales al Congreso, autorizar el financiamiento de la Ciudad, e incorporar un régimen antievasión de billeteras virtuales. En paralelo, los gobernadores esperan una respuesta por las deudas con las cajas previsionales provinciales, para las que el proyecto incluye una partida global de $503.325,9 millones. Los bloques aliados reclaman además que se aclare qué va a pasar con el mantenimiento de las rutas nacionales, ya que el Gobierno mantiene la decisión de paralizar esas inversiones.
Las rutas son el pedido más transversal. "Hay reclamos de todo tipo. Infraestructura y rutas debe ser el más transversal a todos", admitió un aliado a PERFIL. El diputado del MID Eduardo Falcone le dio un ejemplo concreto a este medio: "Me estoy peleando con los LLA porque no quieren poner la partida completa para el tramo Mercedes - Suipacha de la ruta 5. Hay una partida, totalmente insuficiente, solo para una variante de 3 o 4 kilómetros, pero yo pido por los 20". Cuenta que en la Casa Rosada le aseguraron que esa obra se va a hacer, con un crédito de la CAF. "La respuesta de los funcionarios es inentendible", se quejó. Los diputados salteños, catamarqueños y tucumanos vuelven a quedar en el centro de las negociaciones: los gobernadores reclaman por la falta de financiamiento, pero ya mostraron sintonía parlamentaria con el Gobierno.
El oficialismo ya aceptó resignar parte del texto. Se eliminarán los artículos que derogaban los principales puntos de la emergencia en Discapacidad, la norma que Diputados ratificó con dos tercios y que ahora espera en el Senado. Los aliados piden además que se refuerce el Presupuesto con los fondos de la ley aprobada la semana pasada. Los bloques "del medio" lo plantean así: si el Presupuesto se empezó a trabajar en junio, antes de esa ley, ahora hay que actualizarlo, y de lo contrario no acompañarán esos capítulos en el recinto.
La oposición también espera que el Gobierno acepte cambios en el artículo 17, que deroga puntos clave de la Ley 27.160 y elimina la movilidad automática y la actualización por inflación de la AUH, el SUAF y sus topes de ingresos. Todavía no hay respuesta. "No hay acuerdo con temas como discapacidad, educación, transferencias a las provincias en general", detalló otro diputado a PERFIL.
Las universidades son el otro frente. El proyecto prevé $7,3 billones para las universidades nacionales, y el Consejo Interuniversitario Nacional reclama $11 billones. En las reuniones de comisión, el secretario de Educación, Carlos Torrendell, defendió la posición oficial con una crítica al reclamo de los rectores: "Durante décadas prevaleció la premisa de que incrementar el gasto aseguraba un mejor resultado educativo. La evidencia demostró lo contrario". El tema no apareció en la reunión del martes con Menem, pero la oposición lo negociaba en paralelo.
Las cuentas explican por qué LLA no puede permitirse la ruptura. Tiene 95 diputados y necesita 129 presentes para el quorum. Para construir una mayoría suma a la UCR, el PRO, Por Santa Cruz y Adelante Buenos Aires, que aportarían 22 votos, a los nueve de Argentina Federal, dos de Producción y Trabajo y alrededor de diez de Provincias Unidas. Con todos, rondaría los 138, pero el resultado depende de cada bloque, y varios de esos legisladores responden a gobernadores que todavía esperan una respuesta.
En comisión, además, el Gobierno defendió el proyecto sin ministros. A más de un mes del envío del texto, ninguno se presentó a defender la letra chica. Por tercer año consecutivo, Caputo no participó de ningún debate en comisión. Los últimos expositores fueron los secretarios de Desregulación, Alejandro Cacace, y de Transformación del Estado, Maximiliano Fariña, del Ministerio de Federico Sturzenegger. Fariña destacó el recorte del gasto: "Después de tres años tenemos un Estado que es mucho más chico del que recibimos en 2023", dijo, y contó que se pasó de 18 ministerios a ocho, que hay 81.000 empleados públicos menos y que se eliminaron unos 500 cargos, con un ahorro de $35.000 millones anuales.
El proyecto prevé gastos consolidados por $216 billones, un 25,3% más que la base de comparación del Gobierno, y recursos por $219,3 billones. El secretario de Hacienda, Carlos Guberman, proyectó un crecimiento del 4%, una inflación acumulada del 18% a diciembre de 2027 y un dólar de $1.848. Mantiene el bono de $70.000 para jubilados sin aumentos nominales.