Peligroso: Los bancos podrán cobrarles a sus deudores extrayéndoles dinero de otras cuentas sin aviso previo

El Banco Central de la República Argentina implementa desde el 31 de agosto el denominado Cobro con Transferencia (CCT) , un mecanismo que permite a bancos, fintechs y billeteras virtuales debitar directamente de la cuenta del deudor —incluso si fue abierta en otra entidad— las cuotas de préstamos que otorgaron . La norma establece reglas de protección, pero esconde una trampa de fondo: la decisión de activar el cobro la toma el banco acreedor con el solo respaldo de la tecnología y un consentimiento previo, eliminando el filtro judicial que antes operaba ante cualquier reclamo.

Hasta ahora, un deudor que consideraba injusta una liquidación o que desconocía una deuda debía esperar una instancia judicial para frenar un descuento indebido. Con el CCT, el banco acreedor simplemente "ejecuta" el débito, y el usuario queda en una posición de vulnerabilidad, obligado a reclamar a la entidad o a su propio banco para intentar detener un proceso que ya se puso en marcha. La tecnología avanzó, pero la garantía del debido proceso retrocedió.

"Protecciones" que no protegen

La normativa del BCRA incluye un listado de salvaguardas que, leídas con atención, revelan más agujeros que certezas:

Consentimiento explícito previo: se exige una única autorización al momento de contratar el préstamo. El problema es que ese consentimiento, una vez otorgado, convierte al banco en ejecutor automático de cada cuota, sin necesidad de verificar que el monto o las condiciones no hayan variado . Es un cheque en blanco firmado una sola vez.

Límite del 30% de los ingresos: promete controlar el sobreendeudamiento, pero solo aplica al momento de otorgar el crédito. ¿Qué pasa si los ingresos del deudor caen después? La norma no lo contempla.

Aviso el día hábil anterior: el deudor sabe que le van a debitar, pero no tiene mecanismo ágil para oponerse si considera que hay un error. El banco ya tiene la orden de cobro.

Fondos protegidos: las cuentas remuneradas e inversiones quedan afuera. Pero los bancos y billeteras, que conocen el saldo de esas cuentas, podrían incentivar a los deudores a mantener sus fondos en cuentas corrientes comunes para facilitar el débito automático, justo donde antes no existía esa presión.

El propio sector bancario advierte que el CCT tendrá un uso limitado porque la mayoría de los préstamos se depositan en cuentas que luego los deudores vacían hacia fondos de inversión. Esa restricción técnica, sin embargo, no invalida el problema de fondo: cuando el sistema funcione, el deudor pierde el control sobre su propio dinero.

El verdadero peligro

El núcleo de la crítica es político y jurídico. El BCRA ha creado un mecanismo que sustituye la eventual intervención de la justicia por un algoritmo bancario. Si antes un deudor que desconocía una deuda o consideraba que la cuota era abusiva podía acudir a un juez para frenar un embargo o un débito, ahora el banco ejecuta el cobro sin que medie orden judicial alguna, amparado en una autorización que el usuario dio en el pasado.

En un contexto donde miles de argentinos ya tienen problemas para pagar sus créditos —según datos citados por el propio medio Ámbito, unos 6 millones de personas — esta herramienta aparece como una "solución" pensada más para la comodidad de los bancos que para la tranquilidad de los usuarios. El BCRA argumenta que reemplaza al DEBIN, que tenía altos índices de fraude , pero la solución no pasa por dar más poder a los acreedores, sino por fortalecer los controles y la transparencia.

Es previsible que este sistema genere una ola de reclamos judiciales de usuarios que no puedan detener a tiempo un débito que consideran indebido. Irónicamente, en lugar de reducir la conflictividad, el CCT terminará saturando los juzgados con demandas por daños y perjuicios contra bancos que hayan debitado sin consentimiento válido o en condiciones que el deudor no acepta.

La decisión del BCRA de mantener la fecha del 31 de agosto pese al pedido de postergación de las entidades revela una urgencia que no se condice con la complejidad de un tema que afecta el bolsillo de millones de argentinos. No hay razón técnica que justifique apurar un sistema que, como admiten los propios bancos, tendrá baja adopción inicial.

El Congreso, al dar media sanción a la reforma del BCRA, ha validado un modelo que privilegia la eficiencia del cobro por encima de la protección del deudor. Ahora el Senado tiene la oportunidad de corregir el rumbo y exigir que, al menos, se garantice un mecanismo ágil, gratuito y efectivo para que el usuario pueda frenar el débito sin necesidad de ir a la justicia, algo que la norma actual no asegura.

La tecnología debe estar al servicio de las personas, no de los acreedores. Y el derecho de defensa del deudor no puede ser sacrificado en el altar de la modernización financiera.