Argentina debe pagar USD 390 millones por la estatización de Aerolíneas: el fallo de la justicia de EE.UU
La Justicia estadounidense confirmó un fallo en el que obliga a la Argentina a pagar USD 390 millones por la nacionalización de Aerolíneas Argentinas.
Titan Consortium logró que la Cámara de Apelaciones de Washington confirmara la condena por la estatización de la aerolínea de bandera en 2008.
En las últimas horas, un tribunal de Washington dio a conocer que la Argentina deberá pagar más de USD 390,9 millones por haber estatizado Aerolíneas Argentinas hace casi dos décadas.
La Cámara de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó el recurso con el que el Estado argentino intentaba anular el fallo de primera instancia, y dejó firme la condena a favor de Titan Consortium, el fondo que hoy reclama ese dinero.
En los últimos 16 meses el país no pagó ninguna suma de este laudo. Fuentes de la empresa señalaron a Infobae que el fallo no es una acción contra la compañía sino contra el Estado argentino.
Según revelaron, el tribunal del Distrito de Columbia rechazó la apelación con la que el Estado argentino buscaba revertir la sentencia de primera instancia. Con ese fallo, quedó ratificado que el fondo puede seguir adelante en la justicia estadounidense para intentar cobrar la indemnización.
Cómo nació el conflicto que terminó en la Justicia estadounidense
El conflicto se remonta a 2008, cuando el gobierno de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso la expropiación de la aerolínea de bandera. En 2017, un tribunal arbitral del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones (CIADI) condenó al país a pagar unos u$s321 millones —más intereses y costas— por la expropiación de las participaciones accionarias en Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas Cielos del Sur.
Argentina intentó anularlo, pero el fallo quedó firme en 2019. Con ese respaldo, Titan Consortium —la firma que adquirió los derechos económicos del reclamo como cesionaria de Teinver y otros accionistas— pidió en 2021 el reconocimiento y la ejecución del laudo ante la Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito de Columbia.
La condena suma presión sobre los activos argentinos en el exterior
La confirmación de la condena por la estatización de Aerolíneas Argentinas dejó a la Argentina más expuesta a posibles embargos de activos en el exterior y fortaleció la posición de los acreedores que reclaman una compensación.
El conflicto se originó tras la nacionalización de Aerolíneas Argentinas y Austral en 2008, cuando ambas empresas acumulaban deudas cercanas a los 890 millones de dólares luego de la gestión del grupo Marsans, que había vendido activos y reducido rutas internacionales.
Además, existieron valuaciones contrapuestas sobre el valor de las compañías: mientras un informe privado les asignó un valor positivo, el Tribunal de Tasación de la Nación determinó un patrimonio negativo, criterio que fue utilizado por el Congreso para justificar la estatización.
Aerolíneas Argentinas cerró con superávit y fortalece el plan de privatización
En paralelo al conflicto judicial por su estatización, Aerolíneas Argentinas consolida una mejora en sus resultados financieros. La compañía cerró 2025 con una ganancia operativa de USD 112,7 millones, casi el doble de los USD 56,6 millones obtenidos el año anterior, luego de haber alcanzado en 2024 su primer superávit operativo desde la reestatización.
Además, la empresa completó dos años consecutivos sin recibir aportes del Tesoro Nacional y ya comunicó al Ministerio de Economía que tampoco requerirá asistencia financiera durante 2026. La recuperación se apoyó en un proceso de reestructuración que incluyó una reducción de personal hasta alcanzar la menor dotación en 14 años, el cierre de oficinas, la eliminación de rutas deficitarias y una mayor eficiencia operativa.
Con este escenario, el Gobierno sostiene su objetivo de avanzar con la privatización de la aerolínea de bandera. Sin embargo, la operación todavía depende de la aprobación del Congreso, un paso que no logró superar cuando intentó incluir a la empresa en el listado de privatizaciones previsto en la Ley Bases al comienzo de la actual gestión.