NACIONALES El Expreso de Salta 16 de enero de 2026

Hoy se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala

Este 16 de enero se recuerda una década desde el arresto de la dirigente social jujeña, detenida en 2016 tras una protesta frente a la Casa de Gobierno.

Este 16 de enero se cumplen 10 años de la detención de Milagro Sala, ocurrida en 2016 luego de que encabezara un acampe frente a la Casa de Gobierno de Jujuy. La dirigente social fue arrestada cuando llegaba a su vivienda del barrio Cuyaya, en San Salvador de Jujuy, y trasladada al penal de Mujeres de Alto Comedero.

Si bien la imputación inicial por la protesta quedó sin efecto, Sala continuó privada de la libertad en el marco de otras causas judiciales que se encontraban en trámite. Con el correr de los años, su situación procesal fue revisada por distintos tribunales provinciales y nacionales, incluida la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En la causa conocida como "Pibes Villeros", Milagro Sala fue condenada a 13 años de prisión, pena que posteriormente fue unificada en 15 años tras otro fallo judicial. El caso también tuvo repercusión a nivel internacional: en 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, teniendo en cuenta su estado de salud.

En la actualidad, la dirigente social permanece internada en el Hospital de Gonnet, mientras su defensa analiza la posibilidad de solicitar la libertad condicional, al cumplirse una década desde su detención.

La detención
La detención se produjo un sábado al mediodía, cuando Sala llegaba a su domicilio de calle Gordaliza, en el barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy.

Posteriormente, la dirigente de la organización Túpac Amaru fue trasladada a la Cárcel de Mujeres de Alto Comedero. La detención fue por “instigar a cometer delitos y tumulto” en el marco del acampe que se hizo desde diciembre de 2015 hasta febrero de 2016.

Días después, la Justicia ordenó su liberación por esa causa, pero continuó con prisión preventiva en el marco de la denuncia por “asociación ilícita, fraude a la administración pública y extorsión”, realizada por el entonces fiscal de Estado, Mariano Miranda. Asimismo, hubo allanamientos y nuevas órdenes de detención que sostuvieron la prisión preventiva de la dirigente social.

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