NACIONALES El Expreso de Salta 31 de octubre de 2025

El Gobierno ratificó que no aplicará la ley de financiamiento universitario

El Secretario de Educación y el Subsecretario de Políticas Universitarias aseguraron que los fondos para el año que viene tendrán un aumento real del 7%. Además, desmintieron un éxodo docente. “No hay ningún ajuste con despidos”, aseguraron.

El Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el Subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, aseguraron en el marco de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados que las partidas de fondos para educación para el año que viene registrarán un 10% de aumento en términos reales y que las universidades podrán “cubrir todas sus necesidades”.

Torrendell comenzó su exposición señalando que “aumentar el gasto estatal” no es suficiente para mejorar los niveles educativos. En esa línea, aseguró que el resultado de la política presupuestara de las últimas décadas fue un “gasto público descontrolado” que además “profundizó la dependencia de las personas del Estado”.

“Debemos gastar menos, pero invertir más en cada persona concreta, reconociendo que el progreso no surgirá de aumentar la burocracia sino de usar inteligentemente los recursos públicos para liberar las capacidades de cada persona”, planteó el funcionario.

Luego explicó que el proyecto de Presupuesto 2026 prevé un aumento de la inversión educativa de 17,6% en términos nominales y, dado que se proyecta un 10,1% de inflación anual, esto representa un aumento real del 7% en inversión educativa.

Además, detalló que se proyecta una “inversión fuerte adicional” sobre el plan nacional de alfabetización, específicamente sobre el valor de la hora que cobran los docentes y en recursos para formación docente.

En tanto, los funcionarios informaron que las universidades tendrán asignados $4.8 millones que se suma al aumento del 270% para gastos de funcionamiento otorgado durante 2024 y del 20% que ya se encaró durante el 2025. “En materia de gasto de funcionamiento se ve un apoyo consistente a las universidades nacionales”, dijo Torrendell.

Por su parte, Alejandro Álvarez arremetió contra lo que calificó como una “campaña del miedo”. “En primer lugar, les traigo una buena noticia: no cerró ninguna universidad. La segunda buena noticia es que es falso que renunciaron 10 mil docentes, como dijo el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional. Les voy a contar las cifras reales, en el sistema hay 198 mil docentes. Y cuando iniciamos la gestión había 196 mil. Tampoco hay un éxodo de docentes”, dijo Álvarez.

Según el Subsecretario de Políticas Universitarias, la tercera “buena noticia” es que se aprobaron todas las actualizaciones de planta no docente. “Históricamente se han quejado de que no podían cubrir el funcionamiento de los edificios o la seguridad”, detalló.

Y sintetizó: “No hay ningún ajuste con despidos, como había instalado la campaña sistemática del miedo”.

Al ser consultado sobre la implementación de la ley de financiamiento universitario, que fue vetada por Javier Milei pero ratificada por el Congreso, los funcionarios explicaron que la oposición nunca dijo de dónde deberían salir los fondos.

“Nosotros no íbamos a incurrir en un acto de ilegalidad al financiar una ley que no tuviera perfectamente claro cuál era su fuente de financiamiento”, resumió, en línea con el discurso de la Casa Rosada. “Por más que el Parlamento vote por la derogación de la ‘Ley de Gravedad’, salimos afuera y la gravedad sigue existiendo”, ironizó.

Asimismo, aseguró: “El aumento representa un 14% respecto de lo que vamos a tener en 2025, que va a cubrir todas las necesidades que tienen las universidades”.

Por último, Álvarez dijo que los futuros aumentos de partidas y de salarios serán fruto del aumento de la actividad económica “que se logra con más libertad”.

La Comisión de Presupuesto está emplazada y deberá firmar los dictámenes la semana que viene. Sin embargo, el oficialismo ya trabaja junto con los bloques dialoguistas y los gobernadores, que fueron convocados a una reunión en la Casa Rosada, para posponer el tratamiento hasta después del recambio legislativo, cuando los libertarios estarán fortalecidos numéricamente.

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